La Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) cobró 2,45 millones de euros de Fórum Filatélico y Afinsa, directamente o a través de una asociación de coleccionismo que ellos fundaron, desde 2002 hasta 2006. Lo confirma un informe enviado por la Agencia Tributaria a la Audiencia Nacional.
El pasado mes de mayo, los jueces instructores de ambos casos, Baltasar Garzón y Santiago Pedraz, decidieron apartar a Ausbanc de la acusación popular por «fraude procesal». Los magistrados detectaron posibles «anomalías», de las que resultaba patente «una relación entre querellante y querellado (Ausbanc y Fórum-Afinsa) incompatible con el ejercicio de la acusación», al «confundirse» con las defensas por sus «actitudes y hechos», hasta el punto de «negar la existencia del delito».
Respecto a las cantidades pagadas por las sociedades filatélicas, Garzón acordó abrir una pieza separada en la Audiencia Nacional para que Ausbanc y su presidente, Luis Pineda, explicaran el origen y destino de las ayudas percibidas que, en el caso de Fórum Filatélico, llegaron 2,21 millones de euros.
Según Hacienda, los pagos se realizaron a través de Ausbanc Consumo (188.213,43 euros) y de la Asociación de Empresarios de Coleccionismo e Inversión (Aseci), desde la que salieron 1,03 millones de euros.
La organización de consumidores recibió además más de 1,23 millones procedentes de Afinsa, meses después de la quiebra de Banfisa, que afectó a 200 clientes y al negocio de las dos sociedades filatélicas.
Ausbanc, que ha recurrido los autos de Garzón y Pedraz que le apartan de la acusación popular, ha defendido en todo momento que estos pagos se efectuaron como consecuencia de convenios acordados con las compañías, entre los que figuran varios conceptos como publicidad, suscripción a sus publicaciones o patrocinio.
Desde el bufete de abogados Osorio y Asociados, que presentó una querella contra Ausbanc por estafa procesal, acusan a esta asociación de haber recibido «cantidades millonarias» de Fórum y Afinsa para promocionar, presuntamente, la captación de ahorro masivo del público, y ahora ejercer la acusación en los juzgados contra ambas sociedades y cobrar honorarios a varios afectados por ello.
