El Ejecutivo comunitario ha presentado propuestas para reformar la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) con el objetivo de mejorar su eficacia, reforzar sus capacidades para combatir el fraude y casos de corrupción relacionados con fondos comunitarios, mejorar su responsabilidad y garantizar un mejor seguimiento de los casos investigados. Los Estados miembros y la Eurocámara tendrán que dar su visto bueno a la propuesta para que entre en vigor.
Desde su creación en 1999, OLAF ha llevado a cabo alrededor de 4.500 investigaciones de presuntos usos ilícitos de fondos comunitarios en la Unión Europea (UE). Ahora, tras más de una década en funcionamiento, la Comisión Europea (CE) pretende reformar la oficina. Para ello aboga por preservar su independencia a la hora de investigar, pero mejorar sus capacidades y el seguimiento de los casos. También quiere reforzar los derechos de las personas objeto de investigación, para garantizar que tendrán derecho a que se les informe de que son objeto de investigación y su acceso a documentos relevantes para su eventual defensa.
«OLAF es la piedra angular para proteger el presupuesto de la UE y para la lucha contra la corrupción. Con este proceso de reforma, pretendemos hacerla más fuerte aún, más eficaz y más capaz en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos europeos», aseguró el comisario de Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta.
Bruselas también propone reforzar la cooperación entre OLAF y las autoridades competentes nacionales de los Veintisiete para aumentar el intercambio de información sobre casos y procedimientos judiciales en marcha. Quiere que los Estados miembros informen al Ejecutivo comunitario de las medidas que han adoptado en respuesta a casos investigados en su territorio por la oficina comunitaria. La CE identifica la falta de seguimiento judicial por parte de las autoridades nacionales de casos investigados por OLAF como uno de los principales problemas en la lucha contra el fraude.
Con el objetivo de agilizar la eficacia, la CE propone que OLAF deba informar al Comité Supervisor en caso de necesitar extender una investigación más allá del año. Bruselas asegura que el director general de OLAF retendrá la capacidad para aprobar las investigaciones que lleva a cabo la oficina antifraude, aunque deberá guiarse por el impacto financiero potencial del caso a la hora de priorizar investigaciones. Dado que muchos de los recursos financieros comunitarios se destinan a terceros países, el Ejecutivo comunitario propone que OLAF pueda negociar acuerdos administrativos de cooperación con las agencias competentes en estos países.
