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La UE se propone reforzar la protección de los usuarios frente a los juguetes peligrosos

España contará antes de que termine el año con un Plan sobre Seguridad de Productos y Control de Mercado

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: jueves 8 noviembre de 2007
Los recientes escándalos sobre juguetes peligrosos han llevado a la Comisión Europea a plantearse el refuerzo de los controles para evitar que estos productos lleguen al mercado e incrementar así la protección de los consumidores en el viejo continente. En España, el Ministerio de Sanidad y Consumo prevé también poner en marcha antes de que termine el año un plan en ese sentido.

El último caso de retirada de juguetes se ha producido esta misma semana y ha tenido como protagonista nuevamente a Mattel. La compañía juguetera ha sacado de la venta en Europa y Estados Unidos de forma voluntaria 172.000 cocinas de juguete de la marca Fischer-Price, fabricadas en México, por el riego de que los niños pudieran tragarse alguna de las piezas pequeñas que contenían.

En lo que va de año, la firma norteamericana ha retirado del mercado más de 20 millones de juguetes potencialmente peligrosos, al menos 500.000 de ellos en España. Las autoridades de la UE quieren poner coto a esta situación para conseguir que estos productos ni siquiera lleguen a las tiendas.

"No puede haber ninguna concesión en lo referente a la protección del consumidor. Los productos peligrosos no deben llegar al mercado sin controlarlos en toda la cadena de distribución", dijo recientemente la comisaria de Protección de los Consumidores, Meglena Kuneva. "Hay que hacer más para intensificar los controles", agregó.

Para lograrlo, Bruselas considera clave agrupar las cuatro directivas que existen en la actualidad sobre protección de los consumidores en una sola que entraría en vigor el año que viene. Esta normativa abarcaría todas las formas de venta, desde la tradicional en la tienda hasta la venta "online".

Sistema de alerta

Uno de los instrumentos con los que cuenta la UE en el ámbito de la protección al consumidor es el Sistema de Alerta Rápida de Artículos Peligrosos (RAPEX, sus siglas en inglés). Creado en 1984, RAPEX es una red informática para el intercambio rápido de información entre los Estados miembros sobre productos no alimentarios peligrosos. Gracias a este sistema, las autoridades de cada país pueden notificar a la Comisión la presencia en el mercado de un juguete que puede suponer un riesgo para la salud. Una vez señalado a escala europea, se prohíbe o bien se puede vender si cumple determinadas condiciones.

El año pasado, las notificaciones de RAPEX crecieron un 32% respecto a 2005. Los productos que recibieron más alertas fueron los juguetes, con un total de 221 de 924. Por detrás se situaron los aparatos eléctricos y los cosméticos.

El tipo de riesgo notificado fue diverso. Desde lesiones (25% de las notificaciones) a riesgos químicos (9%), pasando por riesgos de incendio o quemaduras (18 %). El país con mayor número de notificaciones fue China, con 440.

Plan de Sanidad

En nuestro país, antes de que finalice el año entrará en funcionamiento el Plan sobre Seguridad de Productos y Control de Mercado, que incluye medidas dirigidas a incrementar la seguridad de los productos y garantizar a los consumidores la calidad de los mismos.

Las acciones que propone este plan pasan por mejorar la coordinación de las políticas de consumo nacionales con la política comunitaria, reforzar la coordinación y la acción interna dentro del Estado, y establecer una normativa sobre infracciones y sanciones para resolver los problemas que puedan plantearse en materia de seguridad.

Entre otras cosas, se realizarán análisis de muestras sospechosas mediante muestreo sistemático en el Centro de Investigación y Control de la Calidad, del Instituto Nacional del Consumo (INC). Además, se promulgará un decreto para mejorar los controles de calidad de juguetes y material infantil en las fronteras. También se llevará a cabo una campaña de información a los consumidores.

Actualmente, en España los productores tienen la obligación de notificar a las autoridades de las comunidades autónomas las medidas que hayan adoptado cuando tengan conocimiento de que un producto, que ya han puesto a disposición de o suministrado a los consumidores, presenta un riesgo para la salud.

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