La reforma de la Seguridad Social, actualmente en trámite parlamentario, no garantiza de forma ?definitiva? la sostenibilidad futura del sistema de pensiones español. Ésta es la opinión del 62% de los expertos consultados por la Fundación PricewaterhouseCoopers para la elaboración del informe «Consenso Económico».
El 78% de los especialistas entrevistados piensa que para garantizar las pensiones de jubilación habría que aumentar las cotizaciones o la edad de retiro, pese a que sólo un 32,4% aboga por ampliarla más allá de los 65 años actuales.
Además, el 53% opina que ?la reforma abarca todas las prestaciones, pero no afecta a las cotizaciones ni a importantes condiciones de elegibilidad, como la edad de jubilación?.
Periodo de cómputo
Otro 64,8% echa en falta en la reforma una mayor flexibilidad en el proceso de jubilación, compatible con que el sistema de pensiones no pierda recursos, y un 60,1% cree necesario ampliar el periodo de cómputo para el acceso a la pensión (que pasa de 12,5 a 15 años efectivos de cotización mínima).
Por otro lado, el 70,6% de los encuestados considera que los trabajadores deberían ahorrar más en productos para la jubilación, señalando que el sistema complementario y voluntario actual de planes y fondos de pensiones es insuficiente.
Prestaciones por dependencia
Respecto a la financiación de las prestaciones por dependencia, un 56% de los expertos cree que acabará generando exigencias adicionales de fondos del Estado.
En este sentido, el 55,45% de los 346 expertos y empresarios encuestados considera que la articulación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia con las comunidades autónomas es «muy complicada» y no hay un plan financiero para estas administraciones, a pesar de que deberán aportar una cantidad equivalente a la de la Administración central.
Un 78% de los consultados cree que habría que aumentar las cotizaciones o la edad de jubilación, pese a que sólo un 32,4% aboga por ampliarla más allá de los 65 años
Aunque el 60,71% reconoce que se trata de una ley muy necesaria, casi el mismo porcentaje (60,91%) calcula que para 2015 el gasto del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia será claramente superior al 1% del Producto Interior Bruto (PIB), y a partir de esa fecha podría ser mucho mayor dado el envejecimiento esperado de la población.
Para el 53,64% de los entrevistados, la participación de las instancias privadas de aseguramiento de la dependencia debería haber tenido un papel más destacado, y se tendrían que haber articulado mecanismos fiscales de apoyo a los seguros privados de dependencia.
Según PricewaterhouseCoopers, las opiniones de las personas consultadas apuntan que un sistema de coordinación con tantos agentes e instancias, con un marco de financiación ‘tan abierto’ como el que presenta la ley, «está llamado a crear numerosos bloqueos, duplicidades y agravios comparativos».
