El anteproyecto de Ley de Montes que prohíbe cambiar el uso del suelo durante 30 años después de producirse un incendio forestal y crea la figura del Fiscal de Medio Ambiente recibió ayer el visto bueno del Consejo de Ministros.
La Ley de Montes, aprobada en 2003, tenía como objetivo actualizar el régimen jurídico regulador de los espacios forestales de acuerdo con la nueva concepción del medio ambiente consagrada por la Constitución. El Gobierno ha decidido la modificación de esta norma «a la vista de las deficiencias detectadas», especialmente en lo que se refiere a la lucha contra los incendios forestales y a la protección que deparan los sistemas administrativos de registro y catálogo de los distintos tipos de montes.
En cuanto al suelo forestal tras un incendio, se prohíbe el cambio de uso durante al menos 30 años, así como la realización de toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal durante el tiempo que determine la legislación autonómica. El Consejo subraya que con esta prohibición desaparece la posibilidad de que los suelos incendiados se transformen en otros de carácter agrícola, industrial o urbanizable, ya que en muchas ocasiones se ha tratado de justificar su cambio de uso en que al carecer de vegetación como consecuencia de un incendio han perdido su valor.
Se crearán además secciones especiales en la Administración de Justicia, y habrá un Fiscal de Medio Ambiente, con la categoría de Fiscal de Sala, que será nombrado tras escuchar al Consejo Fiscal. Sus funciones serán intervenir en los procesos penales de delitos medioambientales, ejercer la acción pública en las infracciones del orden ambiental y exigir las responsabilidades que procedan. También será el encargado de coordinar las Fiscalías de Medio Ambiente y sus actuaciones, y de elaborar un informe que se incorporará a la Memoria del Fiscal General del Estado.
