El viejo principio de «quien contamina, paga» empieza a abrirse hueco en España, pese a ser el país de Europa más reticente a aplicar impuestos ecológicos. La ecotasa balear, que grava desde el 1 de mayo las pernoctaciones de los 12 millones de turistas que visitan este archipiélago cada año, podría marcar el antes y el después. Un antes y después que aún no ha despejado las incógnitas jurídicas sobre la validez de estos gravámenes. Prueba del debate son las veces que el impuesto balear ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central.
Hace unos días, el comisario europeo del Mercado Interior, el holandés Frits Bolkestein, presionaba al Gobierno español para que diese el visto bueno a las propuestas de la Comisión Europea de crear una ecotasa energética. Bolkestein resume el argumento europeo: «un método muy efectivo de recortar el uso de productos petroleros es asegurar un nivel adecuado de impuestos especiales sobre los combustibles para hacer atractivo el uso de energías alternativas». La posición española es que este impuesto elevaría la inflación un 1,5% de golpe.
Muchos se hacen la pregunta de si la simple existencia de un impuesto ecológico garantiza la mejora medioambiental. Desde el movimiento ecologista se considera «una ingenuidad pensar que una tasa va a reorientar la economía. Impuestos sí, pero en el marco de otras políticas complementarias todas apuntando al mismo sentido: luchar contra el cambio climático», resume el responsable nacional de Energía de Ecologistas en Acción, Ladislao Martínez.
Bajar para mejorar
Al otro lado, el secretario general de Turismo, Juan José Güemes, considera que «para mejorar políticas tan importantes como el medio ambiente se puede desarrollar y dedicar muchos más recursos bajando impuestos». Justo lo contrario de lo que se está haciendo en Europa, donde Alemania se ha puesto delante para dar ejemplo con una Reforma Tributaria Ecológica de espectaculares resultados verdes.
Frente a la falta de una política nacional, «las iniciativas en España sobre ecotasas propiamente dichas han tenido que partir de las comunidades autónomas», recuerda el biólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Parque de Doñana, Miguel Ferrer, quien también es autor de un informe sobre el tema para la Fundación para la Gestión y Protección del Medio Ambiente. La conocida ecotasa balear llega una década después de que esta misma región aplicara la primera tasa por el desgaste de las empresas eléctricas.
Impuestos en la periferia
Con el paso del tiempo aplican tasas a las empresas energéticas Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha. Cada una por distintos motivos que van desde la contaminación ambiental que supone una térmica o una nuclear, hasta el efecto paisajístico de las grandes redes (Extremadura). A ellas se añade la tasa murciana a las grandes empresas químicas de Cartagena. Entre unas y otras suman más de 42 millones de euros al año.Una cifra que crecerá en breve si Andalucía supera dos años de debates y aprueba su propia ecotasa turística.
LA TASA VERDE EN ESPAÑA
Galicia
Impuesto sobre contaminación atmosférica (Ley 12/1995). Recauda un total de 7 millones de euros al año.
Castilla-La Mancha
Impuesto para gravar el daño ecológico y los riesgos de las petroquímicas y cementeras. Logran 12 millones de euros.
Extremadura
Las mismas bases y el mismo impuesto que Castilla-La Mancha sobre las eléctricas. Ingresa unos 15 millones de euros.
Murcia
Gravamen sobre las grandes plantas de producción química de la región. Algo más de 7 millones de euros.
Baleares
La ecotasa turística se suma al impuesto eléctrico. Se estima que podría recaudar unos 50 millones de euros al año.
