Los residuos sólidos urbanos (RSU), es decir, las basuras domésticas, constituyen uno de los principales problemas medioambientales de la actualidad. Cada habitante de una ciudad llega a producir diariamente más de un kilo de residuos, siendo una cifra que va en aumento: en los últimos 10 años, Europa ha aumentado la cantidad de residuos per cápita en más de un 60%. Las famosas 3R (reciclar, reutilizar y recuperar) sólo sirven para paliar el problema, puesto que se trata de una práctica minoritaria (en España, sólo el 11% se recicla).
En este sentido, los vertederos han sido el método fundamental utilizado en la gestión de residuos municipales hasta hace pocas décadas. Sin embargo, en los últimos años se está pasando a una nueva práctica basada en la reducción de los residuos generados y en el aprovechamiento de los recursos contenidos en los mismos. Las propuestas más avanzadas postulan que entre el reciclado y el aprovechamiento de la materia orgánica se debería tratar en torno al 50% de los residuos generados, reduciendo los vertidos al 10% y aprovechando energéticamente el resto en plantas de incineración con recuperación energética.
Las incineradoras son plantas de tratamiento y reducción de RSU que reducen la basura a cenizas y producen además ingresos por la venta de energía producida en el proceso de combustión. Sin embargo, su implantación se ha visto frenada por los riesgos para la salud por contaminación atmosférica. Sin embargo, aunque las primeras incineradoras no cumplían todas las medidas de seguridad deseables, las actuales instalaciones cuentan con sistemas para depurar y eliminar posibles elementos tóxicos
Aunque las primeras incineradoras no cumplían todas las medidas de seguridad deseables, las actuales instalaciones cuentan con sistemas para depurar y eliminar posibles elementos tóxicos. A pesar de ser el sistema de tratamiento de basuras que mayor aceptación tiene en Europa, España es uno de los estados europeos que menos incineradoras utiliza.
La Directiva europea sobre vertido de residuos, aprobada en 1999, establece cómo tratar los RSU. Las basuras generadas en los hogares dejarían de trasladarse a los vertederos y cualquier tratamiento que contribuya a la eliminación de los residuos debe ser consecuente con el medio ambiente y favorecer el reciclaje. Asimismo, se establece una gestión controlada y adecuada del tratamiento de residuos mediante su depósito en instalaciones que reúnan las mayores garantías.
Los defensores de las incineradoras sostienen que se trata de la mejor de las alternativas de tratamiento de los RSU, puesto que consiguen reducir su volumen y peso, y permiten además la generación de energía eléctrica. No obstante, una incineradora genera escorias, ceniza y gases contaminantes y no puede destruir los metales, por lo que generan un residuo peligroso. Afortunadamente, los gases nocivos como el CO2, SO2, óxidos de nitrógeno, cloruro de hidrógeno o floruro de hidrógeno, o sustancias como benzopirenos, alquitranes, muchos de ellos cancerígenos, son eliminados. Las famosas dioxinas son reducidas hasta valores mínimos, menos que los causados por ejemplo por un cigarrillo o las emitidas una noche de San Juan mediante las hogueras. Por su parte, los residuos metálicos pueden ser tratados posteriormente eliminando su toxicidad.
Por su parte, sus detractores sostienen que destruyen recursos que podrían aprovecharse, que se trata de un sistema muy caro que frena el desarrollo de tecnologías limpias, que es muy contaminante y que es incompatible con el desarrollo de un programa de separación en origen de las dos fracciones que componen las basuras. Otro de los problemas de las incineradoras es que se trata de plantas que requieren inversiones muy elevadas, por lo que se hace especialmente necesario conocer si se están gestionando de una forma adecuada, es decir, si se están realizando las medidas de análisis y control pertinentes.
