El único cementerio de residuos radiactivos español, situado en la serranía cordobesa de Hornachuelos, se acerca ya a la mitad de su capacidad y le queda una vida útil de unos quince años (hasta 2018), según la última memoria dada a conocer por la Empresa Nacional de Residuos (Enresa). El cementerio de media y baja actividad de El Cabril recibió durante 2002 casi 2.000 metros cúbicos de residuos, con lo que ya ha llenado 12 de sus 28 celdas de almacenamiento bajo tierra.
Desde que se abrió la instalación en 1986, ha recibido 22.355 metros cúbicos, el 45% de su capacidad, según los cálculos de Enresa, la empresa que se encarga de gestionar todos los desechos radiactivos que se producen en España. El 60% de estos desechos procede de centrales nucleares, más de un 35% de grandes plantas siderúrgicas y, apenas un 3%, de hospitales, centros de investigación y laboratorios.
El Cabril recibe todos los residuos radiactivos españoles que no están catalogados de alta actividad, es decir, todo lo que produce la industria nacional salvo el combustible de las centrales nucleares, que aún se almacena en las piscinas de estas instalaciones, ante la carencia de un almacén de alta actividad.
Para ralentizar la llegada de restos ante el desmantelamiento de las plantas nucleares obsoletas, Enresa ha firmado acuerdos con expertos foráneos. Es el caso de Vandellós I (Tarragona), cuyo desmontaje acaba de finalizar. La mayor parte de sus planchas de chatarra contaminada han sido tratadas por empresas de Estados Unidos.
España invirtió en 2002 cerca de 19 millones de euros en El Cabril, de los que el 15% son compensaciones a los ayuntamientos de la zona, cuya beligerancia y denuncias provocaron que la instalación estuviera cerrada durante más de dos meses el pasado año. La memoria que presentó el director del cementerio, Andrés Guerra-Librero, eleva los gastos para 2003 por encima de los 23,5 millones de euros, a pesar de que el nivel de almacenamiento previsto se reducirá un 20% y no se espera que pase de los 1.600 metros cúbicos.
El férreo control al que someten vecinos y grupos ecologistas a esta instalación, ha multiplicado las labores de protección incluidas en su Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental. Sólo durante el pasado año, en El Cabril se tomaron más de mil muestras para ratificar su supuesta nula incidencia en el entorno (64% de aire, 21% de radiación directa, y 10% de aguas). Sus gestores aseguran que el centro pasó prácticamente una auditoria por día (300 en total) sin incidencias.
Pero, ¿qué pasará cuando El Cabril alcance los 50.000 metros cúbicos que caben en su agujero? El proyecto oficial contempla el sellado del cementerio, que quedará cubierto por un manto vegetal, donde descansará durante varios cientos de años hasta que su contenido pierda sus efectos. O hasta que la ciencia descubra nuevas formas de eliminar los siempre temidos efectos prolongados de estos componentes radiactivos por métodos menos longevos.
En sus 34 años de historia nuclear, España acumula 2.400 toneladas de basura con una vida prevista que supera los 300.000 años. Están almacenadas en piscinas ubicadas en cada uno de los nueve reactores (ahora siete) operativos en el país. Los sucesivos planes de residuos nucleares habían pospuesto hasta el umbral del año 2018 (curiosamente el tiempo de vida que le queda a El Cabril), cualquier decisión sobre su destino final.
Pero, la decisión de la Unión Europea (UE) de exigir a sus socios que se pronuncien sobre sus Almacenamientos Geológicos Profundos (AGP´s) para antes de 2008, ha pillado a contrapié y roto todos los plazos que permitían tomar una decisión tan grave con tranquilidad. «Siempre defendimos que había tiempo. Pero es muy difícil que podamos tomar una decisión para el 2008», reconoció el responsable de comunicación de Enresa, Jorge Lang-Lenton.
La única experiencia de la empresa pública es El Cabril. Si se cuestiona un centro con una vida final de 300 años (tiempo de actividad de su contenido), es inimaginable un AGP, con mil veces más de vida.
