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La Fundación ECOTIC señala que sólo Islas Canarias y País Vasco han autorizado la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

La ley que establece la obligatoriedad de los productores de recoger esos residuos entró en vigor el pasado 13 de agosto

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: miércoles 29 marzo de 2006
La Fundación ECOTIC recordó hoy que la autorización oficial para la recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos sólo se ha producido hasta el momento en las comunidades autónomas de las Islas Canarias y el País Vasco, que han encargado la tarea a diversos Sistemas Integrados de Gestión (SIG) para la recogida y reciclaje de este tipo de residuos.

El pasado 13 de agosto entró en vigor el Real Decreto para la Gestión y Reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, la Directiva RAEE, una ley que establece la obligatoriedad de los productores de recoger aquellos aparatos puestos en el mercado en el momento en que lleguen al final de su vida útil para proceder a su reciclaje, recordó ECOTIC en una nota de prensa.

El reciclaje de este tipo de productos "requiere una red que contemple un circuito de recogida, una logística de transporte y una red de plantas de reciclaje que configuren un engranaje que hoy en día ya está a pleno rendimiento", afirmó ECOTIC. Todo este mecanismo sólo es posible con la autorización de las administraciones pertinentes. En este caso, autorizar la actuación de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG), que son las entidades que gestionan el proceso en nombre de los productores, "es competencia autonómica", recordó ECOTIC. Hasta el momento, sólo las Islas Canarias y el País Vasco han dado su visto bueno para proceder a la recogida de este tipo de residuos.

Según ECOTIC, el proceso establecido por la directiva europea se ve entorpecido por las "complicaciones burocráticas", ya que esta autorización resulta un trámite imprescindible para dar validez al proceso y cumplir con lo fijado en la normativa al respecto. Sin esta autorización, los SIG "se ven obligados a trabajar en un contexto de 'alegalidad' ofrecido por las pruebas pilotos".

La Fundación ECOTIC está negociando en la actualidad con las distintas comunidades autónomas para llegar a un acuerdo que cierre esta situación, ya que hay ciertos parámetros de la ley que aún no están suficientemente claros para las partes implicadas en este proceso.

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