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Seguros verdes

El Gobierno prevé obligar a las empresas a contar con un aval financiero ante posibles daños al medio ambiente

El alto coste de las primas ha propiciado que no estén muy extendidos a nivel europeo, sin embargo, los seguros medioambientales o seguros verdes van camino de ser cada vez más frecuentes e, incluso, obligatorios. Si hasta hora las empresas no siempre respondían ante los daños que causaban al medio ambiente, la situación podría dar un giro a partir del próximo año, cuando el Gobierno se plantea aprobar una ley que obligue a las empresas a asumir la reparación de estos daños. De momento, las aseguradoras no se han quejado ante el gran negocio que podría suponer la aplicación de esta normativa, mientras que algunos grupos ecologistas encuentran pegas al borrador presentado por el Ministerio de Medio Ambiente, aunque reconocen que está trabajando “a buen ritmo”.

Prevenir la contaminación

En 1998, la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, en Sevilla, provocó graves daños ecológicos en el entorno del parque natural de Doñana. La Administración tuvo entonces que hacer frente al pago de cientos de millones y fue cuando el recién creado Ministerio de Medio Ambiente (había nacido en 1996) se percató de que no existía ninguna ley que obligara a las empresas a afrontar los gastos de los daños que causaban.

Años atrás, en 1994, se había creado el Pool Español de Riesgos Medioambientales (PERM), una agrupación de seguros que surgió para posibilitar la suscripción conjunta de estos riesgos por parte de las industrias que desarrollan actividades potencialmente contaminantes y contar con la capacidad económica suficiente para hacer frente a los posibles daños causados por las empresas.

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Su presidente, Jaime de Argüelles González, recuerda cómo tras el accidente de Sevilla el Ministerio de Medio Ambiente comenzó a trabajar en un proyecto de ley que facilitara el pago de los daños por parte de las empresas, cuando tomó cuerpo en Europa el proyecto de promulgar una directiva europea, la 2004/35. “Fue entonces cuando la Comisión Europea, lógicamente, recomendó a todos los estados miembros que tenían en marcha iniciativas legislativas sobre la materia, que las paralizasen, para coordinar los esfuerzos en una norma armonizada”, agrega.

El objetivo de prevenir la contaminación ha estado, por lo tanto, presente en los programas de los últimos gobiernos. Y es que ahora, el Ministerio de Medio Ambiente ha presentado también un borrador para la transposición al ordenamiento jurídico español de la citada directiva (2004/35) por daños al entorno, en el que se prevé que “quienes en el ejercicio de su actividad causen daños al medio ambiente se hagan cargo de la reparación de esos daños o de las medidas necesarias para prevenirlos”.

“La intención es evitar la socialización de los daños, es decir, los daños a terceros”, explica Jaime Doreste, de la Comisión Jurídica de ‘Ecologistas en Acción’, quien precisa además que la transposición de la ley europea deberá hacerse efectiva antes del 30 de abril de 2007 bajo el principio de que ‘quien contamina paga’, esto es, la empresa que cause daños, deberá hacerse cargo de los gastos de descontaminación”.

Es así que los grupos ecologistas han acogido con satisfacción esta posibilidad puesto que- manifiesta Doreste- los seguros ambientales son una garantía financiera para la producción industrial. “Tienen un fuerte valor representativo porque las compañías aseguradoras hacen una evaluación de riesgos y establecen una serie de condiciones al asegurado antes de aceptarle -detalla-. A mayor riesgo, más prima, por lo que la empresa se cuida bien de no contaminar”.

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