Clausuran otra clínica ilegal de estética en Madrid y detienen a su responsable

Carecía de titulación y sometía a los pacientes a regímenes de adelgazamiento con sustancias nocivas
Por EROSKI Consumer 7 de febrero de 2002

La Guardia Civil y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid clausuraron ayer una clínica ilegal dedicada a la estética en la capital y detuvo a su responsable, Vicente Puig López, quien sometía presuntamente a sus pacientes a regímenes de adelgazamiento con sustancias perjudiciales para la salud. El detenido, de 57 años, carece de la titulación para ejercer la actividad profesional que desarrollaba, por lo que fue arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública, intrusismo profesional y falsificación documental.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de las presuntas irregularidades denunciadas ante la Consejería de Sanidad de Madrid por varios pacientes contra una clínica madrileña, ubicada en la calle de Jorge Juan, que estaba supuestamente especializada en estética y fue precintada a lo largo del día.

De acuerdo con las manifestaciones de las denunciantes, el supuesto médico les había recetado unas cápsulas que les había producido «cierto malestar físico», por lo que acudieron a un endocrino, quien les alertó de los «posibles efectos nocivos» de las mismas.

En el curso de la investigación, la Guardia Civil comprobó que la clínica no figuraba inscrita en los organismos correspondientes de la comunidad. Además, los agentes pudieron comprobar que el supuesto médico no aportaba ningún tipo de documentación que le habilitase para el ejercicio de la profesión médica.

El «presunto centro médico» sólo contaba con un letrero a la entrada del inmueble, en el que se anunciaba su actividad laboral, y utilizaba como reclamo para conseguir clientela el «boca a boca» de unas pacientes a otras. Para conseguir unos resultados más óptimos, según los investigadores, los pacientes debían tomarse unas cápsulas, que tras ser analizadas se descubrió que estaban compuestas por sustancias perjudiciales para la salud y que se repartían en frascos cuyas etiquetas no se correspondían con su contenido real.

Fuentes de la Consejería de Sanidad indicaron que el procedimiento se inició a raíz de la denuncia de una mujer a la que le diagnosticaron tiroiditis, enfermedad que su médico comunicó podía ser debida a los medicamentos que tomaba, sustancias que le facilitaba el ahora detenido. Poco después se comprobó que la clínica carecía de permiso.

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