Hace exactamente un año, representantes de la Federación Empresarial de Laboratorios de Análisis Clínicos (FELAC), la Asociación Española de Biopatología Médica (AEMB), la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas (AEFA) y de los Consejos Generales de médicos y de boticarios, se reunieron con el Ministerio de Sanidad para denunciar que muchos análisis de sangre practicados en España tenían fallos. A día de hoy, estas sociedades siguen sin tener respuesta de la Administración, e insisten en que las analíticas de un 10% de las muestras de sangre extraídas en nuestro país siguen arrojando resultados engañosos.
Durante una primera reunión mantenida con Sanidad a finales de 2000, las mencionadas sociedades científicas y organizaciones profesionales alertaron de la multiplicación en toda la geografía española de los llamados Puntos de Extracción Periférica, pertenecientes a grandes laboratorios ubicados en las principales capitales. Estos puntos obtienen las muestras de sangre u orina, sin aplicar las normas de calidad exigibles a este tipo de procesos, aseguran los denunciantes.
La consecuencia de esto, comentan, es que numerosos análisis ofrecen resultados erróneos sobre el estado de salud de las personas que se sometieron a ellos. Así, se dan casos de enfermos a los que se les asegura que están sanos, cuando no es verdad, mientras que a otros pacientes se les diagnostican diversas patologías como diabetes, hepatitis o trastornos renales, que en realidad no sufren.
En la última reunión de las asociaciones con Sanidad, en marzo de 2001, el director general de Planificación, Lluis Bohigas, se comprometió a desarrollar una política de calidad del laboratorio clínico a nivel Estatal, con el propósito de mejorar el servicio que recibe el ciudadano, y a confeccionar una norma para depurar errores en todas las fases de la analítica.
Sin embargo, a pesar de estas promesas, el citado ministerio no ha hecho hasta el momento nada y los problemas continúan, señalan desde FELAC. Esta entidad sostiene que los errores afectan tanto a la sanidad pública como a la privada, y hace referencia en concreto a los análisis que numerosas empresas practican a sus empleados. En un reciente informe, la patronal señalaba al respecto de estos análisis, que son las empresas las que deben asumir el coste de vigilancia de la salud de los empleados, pero lo cierto es que el Ministerio de Trabajo asigna a las mutuas patronales de accidentes un presupuesto para llevar a cabo este control. Es por ello que las mutuas tienen la capacidad de contratación de un número elevadísimo de analíticas de empresas.
El documento de FELAC añade que los laboratorios que operan en grandes áreas geográficas ofrecen unos precios mucho más competitivos, ya que no ofrecen la misma calidad, convirtiéndose así en clientes de gran cantidad de mutuas, con lo que los análisis que se efectúan a los trabajadores de las empresas carecen muchas veces de rigor profesional.
