La Generalitat de Cataluña negó ayer que pretenda imponer el pago de una tasa de uno a dos euros por cada consulta médica de Atención Primaria. El consejero de Economía, Antoni Castells, alegó que la supuesta intención de establecer tasas para disuadir del uso abusivo del sistema sanitario es «totalmente incierta».
La Consejería de Salud, por su parte, emitió un comunicado en el que rechazaba «categóricamente» la información según la cual se quiere obligar al paciente a aportar un canon. Según este departamento, el pago por la visita al médico de cabecera no ha sido incluido en ninguno de los borradores del documento que el Gobierno catalán está elaborando. En el informe oficial se analizan las sugerencias propugnadas por el grupo de expertos que ha estudiado la viabilidad financiera del sistema sanitario catalán.
La noticia de que la Generalitat apostaba por cobrar al paciente por asistir al ambulatorio fue difundida por el diario El País, que aseguraba que la propuesta había partido del «comité de sabios» para la racionalización y la financiación del gasto sanitario en Cataluña que presidió Miquel Vilardell. Sin embargo, el propio Vilardell rechazó que los expertos hayan barajado este tipo hipótesis.
Críticas
A pesar de que la noticia fue desmentida, políticos y asociaciones se manifestaron en contra de la posible medida. El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, rehusó cualquier fórmula de «copago» para financiar la sanidad andaluza. Chaves descalificó la medida por comportar un gasto administrativo que al final absorbe cualquier ahorro.
Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.) de Cataluña, Joan Coscubiela, advirtió de que si la Generalitat se inclina por el «copago» tendrá que enfrentarse a la «radical oposición del sindicato», que no dudará en convocar movilizaciones si es necesario.
En el mismo sentido, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) insistió en su oposición a la medida por considerarla «injusta». En opinión de la organización, la imposición de tasas «penaliza a las personas más enfermas y con menores recursos económicos». La FADSP aduce que la mayoría de las consultas que se realizan en el sistema sanitario público han sido decididas por el médico, no por el usuario.
Consumidores
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) coincide con la FADPS en el sentido de que dicha iniciativa perjudicaría a los colectivos más desfavorecidos, a las personas mayores y a los colectivos de enfermos crónicos. «Rompería el principio de solidaridad en el que se basa la Sanidad Pública, por el cual todos los usuarios contribuyen a la financiación del sistema con independencia del nivel de utilización de sus servicios», explica.
En opinión de FACUA, el «copago» no es la solución al incremento del gasto sanitario. «Baste con analizar la prestación farmacéutica, en la que se emplea este sistema, y observaremos el constante e importante incremento que esta partida viene experimentando año tras año», apunta.
De aplicarse, «muchos usuarios, a pesar de que el importe propuesto no sea elevado, optarán por la automedicación en lugar de acudir a su médico, lo que puede acarrear graves consecuencias en colectivos como las personas mayores, que están expuestas a graves enfermedades cuyo diagnóstico precoz puede ser vital para su integridad», añade la Federación.
La organización de consumidores apuesta por otras alternativas «que favorezcan una mejor y más racional utilización de los servicios sanitarios», como potenciar la Atención Primaria para que desarrolle funciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, ampliar los tiempos de atención y fomentar actuaciones de Educación para la Salud en colectivos sociales.
