A partir de mañana, los consumidores españoles contarán con una reforzada herramienta para garantizar la seguridad de los productos que se comercializan en el mercado a fin de evitar cualquier riesgo para su salud e integridad física. Se trata del nuevo Decreto sobre Seguridad General de los Productos, un texto que deroga la norma de 1996 y que introduce importantes novedades para la defensa de los consumidores, como la sustitución del principio de confidencialidad por el de transparencia.
Hasta ahora, todos los órganos competentes estaban obligados a tomar las medidas necesarias para que la información sobre productos peligrosos no fuera divulgada, así se evitaba dañar la imagen de la marca. Y sólo podía hacerse pública para proteger la salud y la seguridad de las personas. Desde mañana, los ciudadanos «tendrán acceso a la información sobre la identificación del producto, la naturaleza del riesgo y las medidas adoptadas» al respecto.
En concreto, el decreto establece que los usuarios «tendrán derecho de acceso, en general, a la información de que dispongan los órganos administrativos competentes con relación a los riesgos que los productos entrañen para la salud y la seguridad de los consumidores, de conformidad con las exigencias de transparencia y sin perjuicio de las restricciones necesarias para las actividades de control e investigación».
Otra novedad importante de esta normativa es asegurar que los productos defectuosos o inseguros que hayan sido retirados no se desvíen al mercado de terceros países. Así, el texto establece que «salvo que el requerimiento de la Comisión Europea prevea otra cosa, se prohíbe la exportación desde España de los productos inseguros».
Como instrumento de prevención y detección de productos inseguros se apuesta por la creación de un sistema estatal de comunicación de accidentes que estará a cargo del Instituto Nacional de Consumo (INC). En él se integrarán los hospitales y centros de salud públicos, aunque se fomentará la integración de las entidades sanitarias de carácter privado.
Red de alerta
También establece la creación de una red de alerta cuyo fin será la «transmisión de cualquier información relativa a la existencia de un riesgo grave generado por un producto» y en la que se incluyen casos que, hasta ahora, no necesitaban divulgarse como las notificaciones locales, las de los productores cuando sepan que un objeto puesto en el mercado presenta riesgos y las medidas de rechazo o bloqueo de artículos procedentes de terceros países por las autoridades aduaneras en materia de seguridad.
Hasta diciembre de 2003 se han tramitado 274 alertas, 158 generadas por las comunidades autónomas y 116 recibidas de la Comisión Europea. Los juguetes siguen siendo los productos más denunciados (26%), seguidos de artículos infantiles (15%) y material eléctrico. En lo que a riesgos se refiere, los más notificados han sido el de asfixia y choque eléctrico.
El ámbito del decreto se circunscribe a las áreas de salud y seguridad de los productos, dejando fuera cuestiones referidas a la protección de los intereses económicos de los consumidores y usuarios. Su ámbito comprende cualquier producto puesto a disposición de los consumidores, incluida la prestación de servicios, tanto los que abone el ciudadano como los gratuitos. No obstante, no se aplicará a los productos usados que se suministren como antigüedades.
