La Generalitat de Cataluña, en colaboración con la Fundación Instituto de Trastornos Alimentarios (FITA), pondrá en marcha una red de pisos destinados a jóvenes que acaban de ser dados de alta por anorexia y bulimia, con el objetivo de conseguir su reinserción social y laboral. El primero de estos «pisos-puente» para víctimas de trastornos alimentarios se inaugurará la próxima semana con una oferta de nueve plazas.
Los jóvenes, que estarán acompañados por un grupo de apoyo formado por psicólogos, vivirán en estos pisos tutelados entre un mínimo de nueve meses y dos años. Según explicó la consejera de Bienestar Social de la Generalitat, Irene Rigau, los «pisos-puente» están pensados para jóvenes cuyas familias trabajan y no pueden permanecer todo el día con ellos y prestarles la atención necesaria. Se trata de jóvenes que, a pesar de haber recibido el alta médica, necesitan un apoyo y seguimiento constante.
En este sentido, aseguró que esta iniciativa responde a la necesidad de «adecuar los servicios sociales a las nuevas realidades sociales emergentes y darles una respuesta». No en vano, y según datos de la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia, los trastornos de la alimentación afectan en Cataluña a unas 36.000 personas, de las cuales 8.000 son jóvenes de entre 12 y 18 años.
En opinión de Rigau, el tratamiento de los trastornos alimentarios tiene ya una solución sanitaria correcta pero «se ha demostrado que hacían falta recursos sociales». Por ello, el objetivo de estos pisos es proporcionarles «un ámbito social adecuado para recuperar los esquemas de relación con el mundo laboral y social». En este sentido, la consejera explicó que «la enfermedad es tan grave que rompe las estructuras de relación, tanto en el ámbito social y laboral como en el familiar». Además, en algunos casos, la estancia en esta residencia colectiva servirá también para ayudar al joven no sólo a reinsertarse en el mundo laboral, sino a buscar los mecanismos que le permitan emanciparse de su familia una vez deje el «piso-puente».
El coste de cada una de las plazas en estas viviendas asciende a 961 euros mensuales, si bien el departamento de Bienestar Social otorgará ayudas a las familias con pocos recursos que no pueden costear la totalidad de las tarifas, al tiempo que se hará cargo de la financiación necesaria para equipar el piso.
Se trata de una experiencia piloto, pionera en España, por lo que la Generalitat hará un seguimiento de sus resultados. En función de éstos, decidirá si los plazos de estancia diseñados son los adecuados para conseguir esa reinserción, si amplía la red de pisos o, incluso, si extiende esta fórmula a otros colectivos de jóvenes con dificultades, como los adictos a drogas de síntesis.
