La consecución de una operación global de inspección de fábricas de ladrillo en el norte de China ha obtenido como resultado la liberación de 1.340 personas que trabajaban en condiciones de esclavitud en tan sólo dos meses.
Entre los liberados, se contabilizan 367 personas con discapacidad psíquica y un número aún no determinado de menores de edad de las provincias de Shanxi y Henan.
El escándalo que ha sacudido China se destapó cuando 400 padres solicitaron a través de Internet ayuda para localizar a sus hijos, secuestrados para posteriormente ser vendidos como esclavos en los hornos de Shanxi. Hasta el momento, cerca de 277.000 fábricas y minas han sido inspeccionadas por la policía china, de las cuales el 24,2% operaba sin licencia, con 12,6 millones de personas como mano de obra.
El operativo especial desplegado se ha saldado con 60 detenciones hasta el momento, entre los que se encontraban varios funcionarios. El capataz de la primera fábrica descubierta, quien habría asesinado a uno de los trabajadores, fue condenado a pena de muerte. 95 funcionarios del Partido Comunista de China han recibido castigos de distinta envergadura dependiendo de su implicación en el caso.
La inspección policial continuará durante las próximas semanas por todo el país.
