El programa denominado «Red de Suelo Solidario», una iniciativa que en breve iniciará el Ayuntamiento de Madrid, consiste en la cesión a entidades sin ánimo de lucro de manera gratuita y durante 50 años de terrenos en los que construir centros de atención social.
Y es que, según explicó el propio alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, uno de los principales obstáculos con los que se enfrentan esas entidades a la hora prestar sus servicios en Madrid es el de la falta de suelo para levantar sus instalaciones. El Ayuntamiento de Madrid licitará mediante concurso todas las parcelas vacantes que tengan un uso adecuado para desarrollar fines sociales y cederá el derecho de superficie, con carácter gratuito y por un plazo de 50 años.
Se prevé que estas convocatorias públicas de concurso para la cesión de los suelos municipales se lleven a cabo de forma periódica y continua. Además, el programa fija plazos a las entidades para la materialización de sus proyectos, de forma que se asegure la puesta en marcha de la dotación adjudicada. La Concejalía de Urbanismo comenzará ya en el plazo de dos semanas a convocar concursos para transferir 12 parcelas situadas en los distritos de Arganzuela, Hortaleza, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Latina, Barajas y Vicálvaro. El plan pretende conseguir un buen equilibrio territorial de la red, si bien el propio alcalde reconoció que habrá un mayor número de parcelas en los nuevos barrios, ya que se encuentran en proceso de urbanización.
Aquellas entidades sin ánimo de lucro que se dediquen a la promoción del bienestar de las personas, a la prevención de situaciones de riesgo y a la compensación de déficit de apoyo social y cultural podrán presentarse a estos concursos. En todos los casos se prestará especial atención a factores de vulnerabilidad, siendo los colectivos de atención preferente los de menores de edad, adultos menores de 65 años con discapacidad, personas sin hogar, minorías étnicas, inmigrantes, mujeres maltratadas y personas con riesgo de exclusión social, así como mayores de 65 años, especialmente si son dependientes. Además, las entidades deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
