Más de 223 millones de euros del Fondo Estatal de Inversión Local se destinarán a los ayuntamientos para mejorar la movilidad de los ciudadanos que presentan alguna discapacidad. En total son 814 los proyectos de este tipo aprobados por el Ministerio de Administraciones Públicas, que han sido presentados por 458 consistorios de 50 provincias españolas y la ciudad autónoma de Ceuta.
Estos ayuntamientos contarán exactamente con 223.301.669,61 euros, lo que supone «la mayor financiación pública que se ha destinado en España a la eliminación de barreras y a la mejora de la movilidad de las personas con discapacidad», señaló el CERMI, la organización que representa a este colectivo.
Por provincias, a la de Barcelona se destinarán casi 30 millones de euros para acometer 95 iniciativas en 49 municipios; Valencia recibirá más de 20 millones para desarrollar 64 proyectos en 32 localidades, y la tercera provincia con más obras para mejorar la accesibilidad es Sevilla, que dispondrá de 11 millones para sufragar 49 proyectos en 23 municipios.
Eliminación de barreras
Los proyectos de obra pública aprobados con este fin están destinados básicamente a la eliminación de barreras en las calles, edificios e instalaciones públicas; colocación de rampas, elevadores o plataformas para salvar obstáculos, e instalación de ascensores en ayuntamientos, dependencias municipales, centros escolares, pasos subterráneos, asociaciones de vecinos o residencias de la tercera edad.
Las obras de eliminación de barreras se centrarán en la rebaja de aceras o eliminación de obstáculos en ayuntamientos, zonas comerciales, cascos antiguos de ciudades, piscinas municipales, bibliotecas públicas, consultorios médicos, mercados, etc.
El objetivo es «conseguir una sociedad en la que no se excluya a nadie por ser diferente, en la que las diversidades no sean connotadas de una forma negativa; porque la diversidad pertenece a la naturaleza, también a la naturaleza humana, y por tanto es enriquecedora y contribuye a crear una sociedad más plural y más justa», dijo la ministra de Administraciones Pública, Elena Salgado.
