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Bruselas aplicará penas de uno a tres años a los autores de delitos informáticos

Se pretende hacer frente a los ataques contra los sistemas informáticos en la UE

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: sábado 1 marzo de 2003
Los Estados miembros castigarán con penas de 1 a 3 años de prisión a los responsables de delitos informáticos, según el acuerdo alcanzado ayer, viernes, por los ministros de Justicia de los Quince. Los titulares de Justicia de la Unión Europea (UE) lograron un acuerdo político sobre una "decisión marco relativa a los ataques contra los sistemas informáticos" que armoniza la definición, tipificación y sanciones aplicables a estas infracciones.

Estos delitos podrán ser sancionados con una pena de hasta 5 años de prisión si los ataques informáticos se efectúan en el seno de una organización criminal, circunstancia que tendrá la consideración de una agravante.

La iniciativa pretende hacer frente a los ataques contra los sistemas informáticos en la Unión Europea, reforzando la cooperación jurídica y aplicando medidas policiales comunes, que se traducirán en una aproximación de las legislaciones penales de los Quince.

Los dos supuestos tipificados por la decisión ministerial de ayer conciernen a los atentados contra la integridad de un sistema informático, o contra sus datos. Prevén penas de prisión para quienes "causen intencionadamente una perturbación grave o una interrupción de funcionamiento de un sistema de información, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, modificando, suprimiendo o convirtiendo en inaccesibles" datos informativos.

Las sanciones penales serán también de aplicación cuando el objetivo del delincuente sea no ya la paralización del sistema, sino el deterioro de los datos.

Si el autor -o autores- de los hechos sancionables forma parte de una organización criminal, las penas podrán ser endurecidas a un mínimo de dos años y un máximo de cinco, todo ello como penas mínimas, pues los Estados miembros están siempre facultados para aplicar disposiciones más severas a título individual.

En la motivación de la decisión, los ministros reconocían el daño que están ocasionando los ataques de redes de criminalidad organizada a los sistemas.

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