La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha respaldado por un estrecho margen la directiva sobre la patente del software. Además, ha rechazado todas las propuestas para dificultar a las grandes empresas, como Nokia, Microsoft o Intel, el registro de sus invenciones para ordenador.
La votación, que tiene que ser ratificada por el pleno de la Eurocámara en julio, se saldó con 16 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención. Este resultado apenas varía el texto anterior, aprobado por los Veinticinco el pasado marzo. De momento los eurodiputados han rechazado todas las enmiendas dirigidas a restringir la posibilidad de patentar las invenciones para ordenador.
La directiva aprobada establece que las invenciones aplicables, por ejemplo, a las lavadoras, a los teléfonos móviles o a los sistemas de frenado ABS, deben ser protegidas por el derecho relativo a las patentes. Además, esta protección debería, de forma general, extenderse al «software» que las hace funcionar, tal y como piden las grandes empresas, pero sólo si es necesario para el funcionamiento de la invención.
Las divergencias en esta materia quedaron reflejadas en el debate previo. Por un lado las pequeñas empresas quieren que las patentes se limiten únicamente a las invenciones, dejando el software de base sin protección y por tanto disponible para el resto de usuarios. Según estas compañías, los derechos de autor ya protegen las invenciones y temen que la patente suponga un incremento de los costes jurídicos.
A la inversa, los gigantes tecnológicos defienden un sistema de patentes que no proteja solamente a los inventos que utilizan un determinado programa informático, sino también a estos mismos programas. Su argumento es que las patentes favorecerían la inversión en investigación y protegerían a los inventos europeos de la competencia norteamericana.
Los Veinticinco aprobaron definitivamente la patente del software, con el único voto en contra de España, el pasado 7 de marzo, aunque la presidencia luxemburguesa de la UE se comprometió a revisar el texto durante la segunda lectura con el Parlamento Europeo.
