Japón obligará ahora a siete de los ocho millones de visitantes que viajan cada año a este país asiático a dejarse tomar los datos biométricos. Esta nueva medida antiterrorista ya ha despertado la protesta de abogados y activistas nipones.
La Ley para el Control de la Inmigración y los Refugiados, ya revisada y en vigor, se aplicará en 27 aeropuertos y 126 puertos japoneses. El país se convierte así en el segundo tras Estados Unidos que introduce un sistema para recolectar datos biométricos de todos sus viajeros foráneos, a excepción de menores de 16 años, visitantes diplomáticos, invitados del Gobierno y residentes permanentes con un permiso especial.
La necesidad de reforzar la seguridad nacional y luchar contra el terrorismo internacional son las razones alegadas por el Gobierno japonés para endurecer las leyes de inmigración. Sin embargo, colegios de abogados y asociaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que los datos biométricos podrán ser utilizados en cualquier tipo de investigación criminal y creen además que la eficacia de las nuevas medidas será muy limitada. «Esta nueva ley viola la intimidad de los extranjeros, puede conducir a la discriminación contra ellos y además va más allá de una mera medida antiterrorista», aseguró Mitsuru Namba, del comité de derechos humanos de la Asociación de Abogados de Japón. «Si realmente fuese una medida contra los terroristas, las autoridades deberían borrar los datos recolectados una vez confirmen que no lo es, pero realmente van a ser usados para el control de los extranjeros y para la investigación criminal», añadió.
El visitante foráneo debe colocar a su llegada al control de pasaportes en Japón sus dos dedos índices en una pequeña máquina que procesa sus huellas dactilares y toma su foto digital. Esa información se envía de inmediato a una base de datos del Ministerio de Justicia, donde se contrasta con una «lista negra» con datos del propio Gobierno, Interpol y otros organismos. En caso de que se detecte algún problema, el visitante será interrogado por un responsable de inmigración y, si se opone a pasar por este trámite, será devuelto de regreso a su país.
