El Gobierno ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita un dictamen de urgencia del Consejo de Estado sobre el proyecto de real decreto por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. En este real decreto se establece una reducción de entre el 25% y el 30% del sueldo de todo el sector público empresarial, en función del tipo de empresa, el volumen de negocio y el número de trabajadores, entre otras variables. El objetivo de esta medida «es conseguir la máxima austeridad y eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público», según señaló la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Junto con estos dos principios, también se recoge «el principio de transparencia, mínimo exigible tanto a las entidades como a sus máximos responsables y directivos, aplicándose así los criterios de buen gobierno que cumplen las sociedades cotizadas o las entidades financieras», añadió Sáenz de Santamaría.
Para determinar las retribuciones salariales, las entidades públicas se clasificarán en tres grupos que atenderán a criterios como el volumen o cifra de negocio, el número de trabajadores de la sociedad, la necesidad o no de financiación pública, el volumen de inversión o las características propias del sector en el que desarrolla su actividad. Así, se determina que la estructura organizativa de las entidades que constituyan el grupo 1 no podrá exceder los quince miembros, los doce para las del grupo 2 y nueve miembros para aquellas entidades que se integren en el grupo 3. «Con la nueva estructura organizativa se estima que se reducirá en un centenar el número de consejeros de las empresas del sector público», estima el Ejecutivo.
Las retribuciones salariales a fijar en los contratos mercantiles o de alta dirección se clasificarán en básicas y complementarias. La primera incluirá la retribución mínima obligatoria que fijará el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en función del grupo en que se sitúe la entidad. Los directivos de las empresas más grandes tendrán una retribución máxima de 105.000 euros. En las medianas, la cota máxima será 80.000 euros y en las pequeñas, 55.000 euros.
A esta cantidad básica salarial se le sumará un complemento de puesto y, si así se dictaminase, un complemento variable, que en ambos casos será también fijado por el Ministerio de Hacienda. El primero de estos complementos retribuirá las características específicas de las funciones desarrolladas. Se tendrá en cuenta la competitividad externa, el nivel de responsabilidad o el peso relativo del puesto dentro de la organización. El complemento variable incentivará las buenas prácticas de gestión empresarial y se determinará en función de la consecución de unos objetivos previamente establecidos por el sector público. Tanto el complemento de puesto como el variable no podrán superar el porcentaje máximo fijado para el grupo en el que se clasifique la entidad. La retribución final fijada incluirá todo tipo de retribuciones, incluidas las que se perciban en especie.
La vicepresidenta descartó que este recorte salarial ponga en peligro la llegada a las empresas públicas de las personas más preparadas. «Hemos buscado un equilibrio, que vengan los mejores para hacerlo de la mejor manera posible, pero teniendo en cuenta que las cantidades que se conocen hoy no se pueden sostener en el sector público, es tiempo de austeridad», dijo.
