El 25 de abril de 1998 la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) se rompía generando una riada de seis millones de metros cúbicos -mil veces mayor que la del «Prestige»- de metales pesados y aguas ácidas que contaminó 50 kilómetros del río Guadiamar y mató a decenas de miles de especies animales.
Diez años después de esta catástrofe, y pese a los más de 300 millones de euros invertidos por las administraciones públicas para paliar las consecuencias de la rotura de la balsa, subsisten problemas sin resolver y han surgido otros nuevos que amenazan la recuperación total de la zona, según advierten los ecologistas.
La limpieza de las más de 4.600 hectáreas contaminadas por la riada tóxica y la regeneración del Guadiamar para convertirlo en un corredor ecológico entre la Sierra Norte de Sevilla y las marismas del Guadalquivir no tienen precedentes en Europa y se considera la mayor restauración hidrológica realizada hasta la fecha en el viejo continente.
Las administraciones insisten en que la recuperación ecológica de la zona dañada se evidencia en que el número de especies censadas en la actualidad es mayor que antes de la catástrofe y en que todas las analíticas certifican unos niveles de metales pesados y arsénico alejados de los límites peligrosos para la salud. Sin embargo, los ecologistas denuncian que el Corredor Verde del Guadiamar no se ha completado y que se siguen produciendo filtraciones tóxicas desde las antiguas instalaciones mineras.
«No se debe consentir que se arriesguen las actuaciones de restauración ambiental que se han llevado a cabo y que se vuelva a vivir otra situación similar, diez años después, por no ser capaces de tomar medidas para evitar nuevos impactos. La experiencia debe servir para prevenir», señala Juanjo Carmona, responsable de la Oficina de WWF/Adena en Doñana.
Nuevos peligros
Precisamente, esta organización ha publicado un informe, con motivo del décimo aniversario del desastre, en el que certifica que no sólo existen numerosas cuestiones sin resolver todavía, sino que han surgido nuevos problemas que ponen en peligro los resultados de las restauraciones ambientales llevadas a cabo hasta el momento.
Este informe evalúa más de 30 variables diferentes relacionadas con el vertido tóxico, entre las que se encuentran la calidad de las aguas superficiales, la restauración del complejo minero, el sellado de la balsa siniestrada, el estado de la fauna o la actual ordenación del territorio.
Entre los aspectos positivos, WWF/Adena destaca la ejecución de los proyectos de restauración Doñana 2005 y Corredor Verde, la recuperación de la fauna del cauce, la mejora del estado de los suelos, la eliminación de la Montaña del Río o la recuperación de la dinámica del Guadiamar.
Por el contrario, hay otras cuestiones que requieren de mayores esfuerzos para alcanzar los objetivos marcados, como la depuración de todos los vertidos industriales y urbanos de la cuenca del Guadiamar, la regeneración de la flora en algunas zonas afectadas y la recuperación del empleo en Aznalcóllar.
Filtraciones
Según WWF/Adena, existen diversos impactos y presiones que ponen en peligro las inversiones y la recuperación ambiental llevada a cabo en estos últimos diez años. Entre ellos señala la falta de restauración del complejo minero de Aznalcóllar, que continúa siendo una fuente de contaminación por metales pesados debido a filtraciones de la balsa siniestrada y las escombreras no eliminadas.
También advierte de los proyectos urbanísticos que amenazan la función como corredor ecológico del Guadiamar, así como de la cesión de aguas del embalse del Agrio para actividades agrícolas, «algo que convertiría al Corredor Verde en un canal de riego», y de los vertidos tóxicos al Guadalquivir provenientes de las minas de las Cruces, que «podrían reducirse a cero si la Junta de Andalucía se lo exige a la empresa».
Para garantizar la recuperación de la zona y prevenir una nueva catástrofe, WWF/Adena propone la restauración total y definitiva del complejo minero; el uso del agua del Agrio exclusivamente para fines ambientales; la ampliación del Paisaje Protegido del Corredor Verde hasta los espacios protegidos del norte de Huelva y Sevilla; la aplicación de medidas que limiten los planes urbanísticos que afecten al Corredor Verde; denegar los permisos de vertidos a las minas de las Cruces, obligando a sus responsables a la depuración y reutilización de las aguas usadas en la actividad minera, y la creación de nuevos planes de restauración hídrica de las cuencas vertientes al Guadiamar y al Espacio Natural de Doñana.
