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Compra pública "verde"

A pesar de que la legislación exige el aumento de la compra ecológica y responsable por parte de las administraciones, diversos estudios revelan que en España todavía hay un largo camino por recorrer

Imagen: Mappi

Los consumidores no son los únicos que deben concienciarse a la hora de comprar de forma ecológica. De hecho, la Administración Pública, cuyo gasto equivale al 18% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea, tiene también una gran responsabilidad. En este sentido, diversas experiencias en todo el mundo demuestran que la contratación con criterios ecológicos permite el ahorro de miles de euros y una reducción importante del impacto medioambiental. Sin embargo, a pesar de que la legislación exige el aumento de la "compra pública verde", diversos estudios y expertos señalan que en España todavía hay un largo camino por recorrer.

Beneficios de la compra pública verde

Los expertos reconocen que cambiar los hábitos de compra de una Administración puede resultar al principio difícil, más aún cuando el coste inicial de algunas de estas medidas puede ser más elevado que lo que supone seguir con los planes convencionales.

Las medidas que implica la compra pública verde son en su gran mayoría sencillas y su gasto inicial se acaba amortizando

Sin embargo, la experiencia llevada a cabo por diversas administraciones de todo el mundo demuestra que dichas medidas son en su gran mayoría sencillas, y su gasto inicial se acaba amortizando. Gracias a la compra pública verde, la Administración que la lleva a cabo y, en general, toda la sociedad logran una gran cantidad de beneficios, no sólo medioambientales, sino también económicos. Por ejemplo, el condado de Multnomah, Oregón (EE.UU.), cambió entre los años 1993 y 1998 sus sistemas energéticos, lo que le ha permitido ahorrar cada año en electricidad más de 235.000 euros, sin olvidar la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) que supone.

Los cambios que las administraciones pueden llevar a cabo y sus contrapartidas ecológicas y económicas son muy diversos:

  • La compra pública de productos y sistemas ecológicos, además de reducir la explotación de recursos naturales y la generación de residuos, permitirá ampliar la demanda de este sector aún incipiente y, con ello, podrá ofrecer mejores precios. Por ejemplo, se pueden usar materiales de oficina ecológicos, ordenadores "verdes", productos reutilizables, reciclados y con etiquetas ecológicas, sistemas sostenibles de gestión de residuos, etc.
  • La implantación de sistemas basados en energías renovables y en la eficiencia energética ahorrará una gran cantidad de dinero en electricidad y, de paso, contribuirá a reducir el cambio climático y los demás impactos ambientales relacionados con el consumo energético. Por ejemplo, a la hora de construir o reformar un edificio, se pueden tener en cuenta criterios bioclimáticos, de energía cero, etc. Y lo mismo ocurre con los sistemas de ahorro y eficiencia para el agua.
  • La puesta en marcha de un verdadero sistema de transporte público sostenible ahorrará dinero en energía y reducirá la contaminación, ofreciendo a los ciudadanos una mejor calidad de vida.
  • La imagen pública de la Administración mejora al volverse más "verde" y se convierte en ejemplo para el resto de los ciudadanos.

En este sentido, los expertos en compra pública verde recuerdan que se trata de una estrategia que combina varias decisiones, como contratar productos y servicios a proveedores con criterios sostenibles; analizar el ciclo de vida de los productos para minimizar en su conjunto sus posibles impactos medioambientales; mantener la competitividad de los precios con sistemas como el precio tope, por el que se está dispuesto a pagar un porcentaje de más a los proveedores o suministradores siempre que se demuestre los beneficios ecológicos; obligar a los responsables de una obra o una concesión de carácter público a que asuman criterios respetuosos con el medio ambiente; aplicar consultorías medioambientales, etc.

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