Compra pública «verde»

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Los expertos reconocen que cambiar los hábitos de compra de una Administración puede resultar al principio difícil, más aún cuando el coste inicial de algunas de estas medidas puede ser más elevado que lo que supone seguir con los planes convencionales.

Sin embargo, la experiencia llevada a cabo por diversas administraciones de todo el mundo demuestra que dichas medidas son en su gran mayoría sencillas, y su gasto inicial se acaba amortizando. Gracias a la compra pública verde, la Administración que la lleva a cabo y, en general, toda la sociedad logran una gran cantidad de beneficios, no sólo medioambientales, sino también económicos. Por ejemplo, el condado de Multnomah, Oregón (EE.UU.), cambió entre los años 1993 y 1998 sus sistemas energéticos, lo que le ha permitido ahorrar cada año en electricidad más de 235.000 euros, sin olvidar la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) que supone.

Los cambios que las administraciones pueden llevar a cabo y sus contrapartidas ecológicas y económicas son muy diversos:

• La compra pública de productos y sistemas ecológicos, además de reducir la explotación de recursos naturales y la generación de residuos, permitirá ampliar la demanda de este sector aún incipiente y, con ello, podrá ofrecer mejores precios. Por ejemplo, se pueden usar materiales de oficina ecológicos, ordenadores “verdes”, productos reutilizables, reciclados y con etiquetas ecológicas, sistemas sostenibles de gestión de residuos, etc.
• La implantación de sistemas basados en energías renovables y en la eficiencia energética ahorrará una gran cantidad de dinero en electricidad y, de paso, contribuirá a reducir el cambio climático y los demás impactos ambientales relacionados con el consumo energético. Por ejemplo, a la hora de construir o reformar un edificio, se pueden tener en cuenta criterios bioclimáticos, de energía cero, etc. Y lo mismo ocurre con los sistemas de ahorro y eficiencia para el agua.
• La puesta en marcha de un verdadero sistema de transporte público sostenible ahorrará dinero en energía y reducirá la contaminación, ofreciendo a los ciudadanos una mejor calidad de vida.
• La imagen pública de la Administración mejora al volverse más “verde” y se convierte en ejemplo para el resto de los ciudadanos.

En este sentido, los expertos en compra pública verde recuerdan que se trata de una estrategia que combina varias decisiones, como contratar productos y servicios a proveedores con criterios sostenibles; analizar el ciclo de vida de los productos para minimizar en su conjunto sus posibles impactos medioambientales; mantener la competitividad de los precios con sistemas como el precio tope, por el que se está dispuesto a pagar un porcentaje de más a los proveedores o suministradores siempre que se demuestre los beneficios ecológicos; obligar a los responsables de una obra o una concesión de carácter público a que asuman criterios respetuosos con el medio ambiente; aplicar consultorías medioambientales, etc.

En 2008, se aprobaba el Plan de Contratación Pública Verde aplicable a la Administración General del Estado. El texto introduce los criterios sociales y ambientales en los procesos de compra públicos para adaptarse así a la normativa europea. En este sentido, la Declaración de Lisboa del año 2000 se refiere también a la compra pública verde como “contratación pública responsable”, y establece como objetivo que la Administración europea sea más eficiente y sostenible antes de 2010.

/imgs/2008/05/obreros02.jpgEl plan español se marca unas metas que cumplir entre los años 2010 y 2015 en los campos de la construcción y el mantenimiento, el transporte, la energía, los equipos de oficina, el mobiliario, la limpieza y los eventos. Por ejemplo, señala una reducción de energía del 9% para 2010 y de agua del 20%, consumir un 50% de papel reciclado en 2010 y un 90% en 2015, reducir el número de publicaciones en un 40% respecto a 2006 para 2015, etc.

Asimismo, la campaña Procura+ pretende introducir los criterios europeos de contratación pública verde en todos los Estados miembros. En España la organización Bakeaz y el Ecoinstitut de Barcelona son los responsables de su correcta implantación.

Diversos ayuntamientos, universidades, gobiernos provinciales y autonómicos o el Ministerio de Medio Ambiente (MARM) han aprobado programas o introducido criterios sostenibles en sus sistemas de contratación. Sin embargo, el propio MARM reconoce que la implantación de la compra pública verde en España es más bien escasa. Por su parte, Ecologistas en Acción tilda de “incompleto e insuficiente” al Plan de Contratación Pública Verde, ya que en su opinión se marca unos objetivos modestos y unos plazos de implantación excesivamente amplios.

La Administración española no es la única de la UE que suspende en sus deberes de compra pública verde. Según un estudio elaborado por la Comisión Europea entre 2005 y 2006, el porcentaje real de implantación de este sistema se reduce al 37%. Los países con una Administración Pública más ecológica fueron Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Suecia, Países Bajos y Reino Unido. En este sentido, en España se podrían seguir diversos ejemplos de administraciones europeas que han llevado a cabo exitosas medidas de contratación pública responsable.

/imgs/2008/11/autobus001.jpgEn Viena, al igual que otras ciudades europeas, como Lyon o Bonn, se cuenta con un catálogo, basado principalmente en ecoetiquetas, para la contratación de una gran cantidad de productos. Por su parte, el Ayuntamiento vienés ahorra 110.000 euros anuales al haber sustituido sus bombillas convencionales por otras de bajo consumo, y 1,5 millones de euros al instalar sistemas de ahorro de agua. Asimismo, los vieneses también disfrutan de diversos alimentos ecológicos en hospitales, residencias de ancianos, colegios y guarderías, con el objetivo de aumentar progresivamente su porcentaje.

Pero los ejemplos no se reducen a la capital. La Administración de la ciudad de Wiener Neustadt emprendió en 1996 una iniciativa para volver más ecológica la utilización de productos de limpieza. Sus responsables redujeron su uso entre un 20% y un 30%, y se ahorró más del 30% del presupuesto destinado a este concepto. Y en la provincia de Voralberg, 96 municipios pequeños se unieron en 2001 para asumir un sistema de compra compartida que les ha permitido ahorrar 6.400 euros en materiales de oficina y 410.000 euros en equipos informáticos.

En Estados Unidos, el Gobierno Federal, el mayor comprador de ordenadores del mundo, decidió a partir de 1993 adquirir únicamente aparatos con los requisitos “Energy Star”, una acción que se considera vital para que los fabricantes generalizaran esta norma de eficiencia energética. Se estima que desde dicho año, el Gobierno ha ahorrado 200.000 millones de kilovatios/hora (kw/h), el equivalente a 22 millones de toneladas de CO2.

En el apartado del transporte, también se pueden encontrar iniciativas muy interesantes. El proyecto ZEUS ha reunido a ocho municipios europeos para la contratación conjunta y puesta en funcionamiento de vehículos de baja o nula contaminación. Por ejemplo, en Oslo la contratación conjunta de este tipo de vehículos ha permitido un ahorro de entre el 10% y el 50%.

El apartado energético también ofrece casos dignos de estudio. La Universidad inglesa de Sheffield Hallam decidía en 2002 cubrir el 5% de su electricidad con energía verde; en el sureste de Brabante (Países Bajos), la iluminación de casi todos los edificios públicos y la urbana provienen de energías limpias; en 2001, 21 municipios de la región de Einhoven cubren el 75% de su consumo eléctrico con un proveedor verde; etc.

Asimismo, las obras públicas podrían ser más respetuosas con el medio ambiente si se siguieran ejemplos como los de París. En la capital francesa, las empresas licitadoras están obligadas a seguir un código de conducta ecológico, En caso de incumplirlo, el contrato puede darse por finalizado y quedar excluidas para futuras convocatorias.