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Ley de adopción internacional

El nuevo texto establece unos criterios comunes para todas las comunidades autónomas, que en la actualidad cuentan con su propia legislación

En 2005 se realizaron en España 5.423 adopciones internacionales. El volumen de tramitaciones fue tal, que el Gobierno creó ese mismo año el Consejo Consultivo de Adopción Internacional para garantizar un análisis permanente de la situación. Casi dos años después, el pasado 9 de febrero, aprobó el anteproyecto de Ley de Adopción Internacional, cuyo principal objetivo es consensuar una única norma para toda España, en lugar de las 17 actuales (una por cada comunidad autónoma). Entre las novedades, destacan la prohibición de tramitar adopciones en países en conflicto o inmersos en un desastre natural, el derecho de los menores adoptados a conocer información sobre su origen biológico cuando alcancen la mayoría de edad y la conversión de las adopciones simples en adopciones plenas. La Ley podría entrar en vigor "en cuatro o cinco meses", según previsiones del Ministerio de Justicia.

Principales novedades

El pasado 9 de febrero se aprobó el anteproyecto de Ley de Adopción Internacional. Aún no hay fecha para su entrada en vigor, pero fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por CONSUMER EROSKI consideran que tras su paso, y presumible aprobación, por el Congreso y el Senado, podría ver la luz "en cuatro o cinco meses". Su finalidad es regular de una manera uniforme los procesos de adopción por parte de españoles en el extranjero, ya que hasta ahora cada comunidad autónoma viene aplicando su propia legislación en este ámbito. En cuanto a las novedades que supondrá la nueva norma, Maribel Morencia, directora de la delegación en Cantabria de ADECOP, asegura que la única novedad es, precisamente, "la unidad de criterio". "Todo lo demás es irrelevante", sentencia.

ADECOP es una entidad colaboradora de adopción internacional, también llamada ECAI. Con la nueva ley, su actividad (y la del centenar de ECAIS acreditadas en España) será la de mediación en los procesos de adopción, aunque se establecerá un número máximo de ECAIS que podrán mediar en cada país concreto. Por su parte, las entidades públicas se encargarán de recibir y tramitar las solicitudes, expedir los certificados de idoneidad (que acreditan que una familia o persona es apta para adoptar) y los compromisos de seguimiento de la adopción, y controlar, en general, que todo el proceso sigue los cauces legales. Según Morencia, en la actualidad "todo esto ya se realiza así". En todo caso, reconoce que hay "pequeñas diferencias, como la parte que afecta al periodo de vigencia de la idoneidad ".

Por el momento, este periodo oscila entre tres y cinco años, según la comunidad autónoma que lo regule, pero con la nueva ley la declaración de idoneidad tendrá una vigencia máxima de tres años para todos. Este documento deberá recoger la valoración sobre la situación personal y familiar de quien desea adoptar, su aptitud para atender al niño o niña en función de sus circunstancias particulares y cualquier otro dato que esté relacionado con la singularidad de la adopción internacional. Morencia insiste en que "realmente, la nueva norma no introduce ningún cambio sustancial, ni mejora sustancial, ni diferencia importante" y afirma que "no va a afectar prácticamente en nada a lo que son las tramitaciones y a lo que es la práctica de la adopción internacional hasta el momento". Una idea que, sin embargo, no comparten todas las entidades.

"Se habla de coordinación entre comunidades autónomas que tengan una misma ECAI acreditada y eso es muy positivo; se habla de obligación de los padres de realizar los informes de seguimiento y demás obligaciones post-adopción, que también es favorable; se habla de que los contratos que se firman entre los padres y las ECAIS tienen que ser redactados y aprobados por la comunidad autónoma, algo que están haciendo varias comunidades, pero no todas", destacan desde la Asociación española de atención y apoyo a familia y adopción (ASEFA). Además, la nueva ley recoge la prohibición de iniciar los trámites de adopción cuando el país de origen de los pequeños se encuentre en conflicto bélico o inmerso en un desastre natural,

La nueva ley recoge la prohibición de iniciar los trámites de adopción cuando el país de origen de los pequeños se encuentre en conflicto bélico o inmerso en un desastre natural

es decir, "cuando no exista una autoridad específica que controle y garantice la adopción o cuando en el país no se den las garantías adecuadas" para ésta, y reconoce a los menores el derecho a conocer los datos que las entidades públicas españolas tienen sobre sus orígenes biológicos, una vez que cumplan 18 años.

Aportaciones

El director de la ECAI Infancia i Futuro, Antonio Mercadal, coincide al afirmar que esta regulación "no ofrece ninguna aportación que, de alguna manera, no esté ya regulada", cree que "deja muchas lagunas que pueden dar lugar a múltiples interpretaciones" y augura "un conflicto de competencias en muchas comunidades autónomas", por el choque entre la ley estatal y la regulación específica de cada territorio. No obstante, se alegra de que la ley defienda, en mayor medida, los derechos del niño y aplaude que se presente como una norma uniforme, que "tiende a establecer principios mínimos básicos para toda España". "Es absurdo que los ciudadanos españoles tengan unos derechos o unas expectativas diferentes según la comunidad autónoma en la que residan. Es absurdo tener 17 comunidades autónomas y 17 normas diferentes", añade.

Por otro lado, la reforma modifica varios artículos del Código Civil para permitir que los nietos de españoles nacidos en el extranjero puedan adquirir la nacionalidad española. El Código civil aún vigente exige que, para optar a la nacionalidad española, el padre o la madre de quien la solicite haya sido originariamente español y nacido en España, de manera que los nietos de emigrantes españoles, cuyos padres no han nacido en el país, no pueden acceder a su nacionalidad. La reforma del Código Civil que se persigue elimina el requisito del nacimiento en territorio español de los padres y facilita un acceso más directo a la nacionalidad española.

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