Los arquitectos urgen a tomar medidas para paliar la «burbuja inmobiliaria» que sufre España y sus consecuencias

La construcción de pisos aumentó en 2004 en Melilla, Baleares y Castilla-La Mancha, y se desplomó en el País Vasco, Asturias y Navarra
Por EROSKI Consumer 25 de febrero de 2005

El Consejo Superior de Arquitectos instó ayer al Gobierno a tomar medidas estructurales urgentes para paliar la «burbuja inmobiliaria» que sufre España y sus consecuencias en el futuro. Carlos Hernández Pezzi, presidente del organismo, explicó que se debe involucrar no sólo el Ministerio de Vivienda, sino también los de Economía y Medio Ambiente. El año pasado, según datos del Consejo, la construcción aumentó en Melilla, Baleares y Castilla-La Mancha, mientras se desplomó en zonas como el País Vasco, Asturias y Navarra. «El ritmo de construcción de pisos en España es insostenible y el país no lo va a poder pagar en el futuro», aseguró Hernández, quien advirtió que el precio de los inmuebles está «varias veces inflacionado respecto a su valor real». «Es un despilfarro levantar casas a esta velocidad para una demanda que nunca va a existir», añadió.

Resaltó también que las 757.680 casas (libres y protegidas) iniciadas en 2004 suponen una cifra histórica y una «plusmarca mundial», al resultar una proporción de 18 nuevos pisos por cada mil habitantes, algo inédito en el mundo. «Si seguimos a este ritmo, en diez años tendremos que buscar gente para llenar las viviendas que vamos a tener», apuntó.

Modelo caducado

Para intentar solventar los riesgos que presenta el actual «boom» inmobiliario, Hernández Pezzi reclamó la participación de todo el Ejecutivo. «El modelo actual está caducado y es importante la creación de un Ministerio de Vivienda, pero pensar que sólo desde ese gabinete se puede bajar el precio es una ingenuidad», indicó.

El presidente de los arquitectos destacó que las medidas de promoción del alquiler -un mercado cuyo impulso considera esencial- aprobadas en el Plan de Choque del año pasado, «no han dado resultados y no van a solucionar el problema».

Dos de las medidas a adoptar con mayor premura, subrayó, son el cambio de la financiación local -para que los ayuntamientos no capten tantos recursos con los terrenos que califiquen- y la aportación de suelo público para la construcción de vivienda protegida.

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