El Ministerio de Sanidad y Consumo está trabajando para lograr con el alcohol «un consenso parecido al logrado con el tabaco», según dijo la titular de este departamento, Elena Salgado, en una entrevista. No obstante, precisó que el del alcohol «es un problema distinto al del tabaco».
Salgado apuntó que «se dice que una copa de vino no es perjudicial para la salud», aunque «hay que añadir que sólo si se trata de un adulto», y añadió que cuando se habla de esta cuestión es necesario pensar antes «a quién lanzamos mensajes y qué limitaciones estamos estableciendo».
En esta cuestión, señaló la ministra, «nos queda por delante un trabajo serio en el que contaremos con muchas opiniones para hacer una norma que pueda cumplirse y la sociedad acepte y la considere equilibrada», y advirtió que las prohibiciones contra el alcohol no se deberían limitar a su consumo en la calle o a limitar la publicidad de bebidas de más de 15 grados, «porque las de menos de 15 grados en un chaval de 15 años también pueden hacer mucho daño».
Este problema lo analizará el Gobierno el próximo año con un estudio previo que permita conocer los efectos del alcohol en la salud. «Debemos delimitar con mayor exactitud el daño que están produciendo las bebidas alcohólicas en los jóvenes. Sospechamos que parte del fracaso escolar es atribuible al alcohol».
«La mejor posible»
Respecto a la ley antitabaco, Salgado dijo que es «la mejor posible», ya que entre lo que hubieran deseado los profesionales sanitarios -una prohibición más rigurosa en los lugares de ocio- y lograr una norma consensuada, «nosotros hemos optado por una posición más equilibrada».
Para la ministra, «hay que ser exigente con el cumplimiento de la ley», aunque también cree que es preciso ser conscientes de que los hábitos consolidados «no cambian de la noche a la mañana». Salgado aseguró que ya ha emprendido conversaciones con Hacienda para que en breve aumente el precio de las marcas más baratas, aunque desconoce cuándo se producirá la subida de impuestos para evitar el acopio de esas marcas.
En cuanto a la inquietud generada por las pérdidas de horas laborales, la ministra recordó que en otros países no ha habido grandes problemas: «La experiencia nos dice que al salir a la calle el número de cigarrillos fumados desciende con rapidez al cabo de unas semanas y, con esa reducción, el absentismo laboral».
Tres pausas, 14 días menos
Un informe de la Confederación Empresarial Vasca, basado en estudios del Banco Mundial, concluye que «tres pausas diarias de diez minutos para fumar suponen la pérdida de 14 jornadas de trabajo al año», regulación que están aplicando de forma transitoria muchas empresas españolas. Un estudio jurídico del despacho Abet y Sampere Asociados prevé que estas pausas, «aunque breves, serán objeto de limitación o incluso prohibición por las empresas que pretendan mejorar su productividad».
Por ello, la revisión de los convenios colectivos tendrá que contemplar la regulación de estas pausas así como la catalogación de los incumplimientos de la ley como una falta en el régimen laboral. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) dijo hace dos meses que la ley planteaba «inseguridad jurídica a los empresarios porque deja en sus manos la responsabilidad ante los infractores y porque los fumadores pasivos pueden denunciar la actitud permisiva de la empresa».
Por otro lado, los sindicatos no han detectado conflictos por la aplicación de la ley en el ámbito laboral. UGT ha vuelto a proponer regulaciones internas en las empresas que permitan conciliar los derechos y obligaciones de fumadores y no fumadores, mientras que CC.OO. ha reclamado que el desarrollo reglamentario de la norma sea negociado y pactado con los interlocutores sociales.
