Los productores españoles de arroz han calificado de intolerable y carente de fundamento la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para este sector. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) cree que las propuestas de la Comisión Europea «abocan al sector productor de arroz a la práctica desaparición, mientras satisfacen plenamente los intereses de la industria». Según esta organización agraria, los precios finales pagados por el consumidor seguirían igual de altos debido a la concentración de los operadores que actúan entre agricultor y consumidor, así como a la dispersión de éstos.
En la actualidad el precio que recibe el agricultor que produce el arroz es de 0,5 euros por kilo, mientras que el consumidor paga 1,1 euros el kilo. La diferencia entre ambas cantidades, el 54% del precio, se queda según COAG en manos de la distribución, cuyos costes son muy inferiores a los que soporta el agricultor. Este desequilibrio entre los beneficios de unos y otros se acentuaría si, como propone Bruselas, los precios que perciben los agricultores se rebajaran a la mitad.
Si se aprobara la reducción del precio de intervención, el precio del arroz caería hasta los niveles del mercado mundial, que no cubren los costes de producción en España ni en los demás países productores de la Unión Europea. El sector pide además que se aumente la superficie máxima garantizada de cultivo, situada en 104.793 hectáreas.
La Comisión Europea, por su parte, sostiene que se compensa la reducción del 88% de los precios de intervención con un aumento de la ayuda, cosa que se contempla con incredulidad desde el sector ya que, según sus cálculos, «en realidad sólo se compensa un 58% de la reducción en el mejor de los casos».
