La última memoria del Instituto Nacional de Consumo concluye que el arbitraje de consumo en España cuenta ya con casi 65.000 empresas adheridas en total en 2000 y que el número de compañías creció un 22% . El número de peticiones de arbitraje alcanzó los 26.500. Como en años anteriores, el sector que ha contado con más reclamaciones, el 27% del total, ha sido la telefonía móvil y fija.
Pese a las dudas que rodearon su puesta en funcionamiento hace en 1993, el sistema de arbitraje de consumo funciona y se amplía cada vez a más compañías y a más consumidores. Así, la cifra de empresas adheridas -fácilmente identificables por ostentar un distintivo que se otorga de forma oficial- ha crecido un 22% en 2000 y se ha situado en casi 65.000. Además, las juntas arbitrales, los organismos encargados de resolver estos conflictos, recibieron un 10% más de solicitudes que en 1999. El 97,5% de esas peticiones de arbitraje fueron admitidas. Únicamente 654 resultaron rechazadas.
Otro signo que muestra la evolución que ha experimentado el sistema es el número, cada vez más elevado, de consumidores que presentan directamente su solicitud de arbitraje en las juntas encargadas de resolverlas. Así, durante el año 2000 casi la mitad de las reclamaciones ( 12.565) fueron planteadas directamente por los ciudadanos, mientras que el resto fue canalizado a través de organismos públicos y, a gran distancia, de organizaciones de consumo. Cataluña es, con diferencia, la comunidad autónoma en la que se plantean más peticiones de arbitraje, con 6.828. Tras ella se sitúan Madrid (4.325), Andalucía (3.046) y Valencia (2.655).
Un año más, el sector de la telefonía fija y móvil se sitúa a la cabeza en el número de reclamaciones y acapara el 27% del total. Los conflictos surgidos entre consumidores y tintorerías ocupan el segundo puesto, con un 11%, mientras que el tercero corresponde a la enseñanza, con un 6,5% de peticiones. Tras ellos se sitúan la vivienda y la reparación de automóviles. Según recoge la memoria de Consumo, la cuantía media de las reclamaciones efectuadas por los consumidores ha disminuido alrededor de 10.000 pesetas, de 107.210 pesetas en 1999 a 97.336 en 2000.
A lo largo de 2000 fueron resueltas 13.664 controversias entre consumidores y empresarios, lo que supone un incremento del 20% respecto al año pasado. De los casi 10.000 laudos emitidos, el 47% se dictó a favor del consumidor, mientras que el resto se desestimó y se dio, por tanto, la razón al empresario.
Entre las características del sistema de arbitraje destaca la rapidez (el laudo debe dictarse en un plazo máximo de cuatro meses) y la gratuidad (las partes únicamente costean los peritajes en ciertos supuestos). Se trata de una formula de resolución de conflictos de carácter voluntario, aunque, una vez aceptado el arbitraje y resuelto el conflicto, la decisión del árbitro es obligatoria. En ese sentido, los laudos tienen el mismo valor ejecutivo que las sentencias dictadas por los tribunales de justicia.
