Los juzgados de primera instancia de Madrid han recibido una demanda promovida por Instituto Nacional de Consumo contra la práctica de los aparcamientos públicos de fijar el precio «por hora o fracción, con el objetivo de que sólo se cobre a los usuarios el tiempo real de aparcamiento utilizado y que no se produzcan prácticas abusivas».
Mediante las acciones emprendidas se materializa la advertencia realizada el pasado mes de julio por la ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, que anunció que se había decidido iniciar acciones judiciales contra las tarifas abusivas de los aparcamientos.
La iniciativa fue acordada por el conjunto de las comunidades autónomas en la Comisión Sectorial de Consumo y contó con el dictamen favorable de la Dirección General de Registros y del Notariado. Con la acción jurídica se pretende acabar con el pago por hora o fracción que imponen las empresas de aparcamientos a los usuarios, evitando así el redondeo al alza.
La demanda, que ha entrado en vía judicial, no va dirigida contra ninguna empresa de aparcamiento concreta, si bien en el caso de que los tribunales den la razón a la Administración, estas compañías deberán erradicar las citadas prácticas.
El Instituto Nacional de Consumo tiene también previsto reunirse con las asociaciones que agrupan a las empresas de aparcamiento con el objetivo de establecer códigos de conducta que eviten las prácticas abusivas que han sido denunciadas. En este contexto el Ministerio destaca que ya ha habido una primera respuesta positiva: Málaga ha anunciado que se convertirá el próximo año en la primera ciudad con el pago por minutos en los aparcamientos municipales.
