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El cierre de academias de inglés ha afectado a más de 175.000 alumnos

Solamente un 5,7% ha presentado demandas judiciales

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: martes 20 mayo de 2003
Más de 175.000 alumnos españoles de enseñanzas no regladas de inglés se han visto afectados por la "mayor crisis de consumo de los últimos años en España" por el cierre de academias como Opening, Brighton, Oxford, Cambridge y algunas franquicias de Wall Street Institute, según datos de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae).

Sin embargo, sólo 10.000 alumnos (un 5,7%) han iniciado acciones judiciales, la mayoría bajo la cobertura de asociaciones de consumidores, dato que Adicae achaca a la amenaza de bancos y cajas de incluir en el registro de morosos a los afectados y de tramitar demandas de reclamación contra ellos.

Esta asociación de consumidores hizo públicos ayer estos datos coincidiendo con la presentación en los juzgados de Barcelona de una nueva demanda civil, en nombre de 800 estudiantes de inglés, contra la academia de idiomas Oxford English y la entidad de crédito Finanza BBVA, que financió mediante préstamos los cursos para los alumnos.

A pesar de promover esta demanda, Adicae es más partidaria de soluciones extrajudiciales a los conflictos y, en este sentido, aplaude la reciente decisión de las cajas aragonesas Ibercaja y CAI que, tras una serie de negociaciones, renunciaron definitivamente a reclamar los créditos pendientes de cobro a alumnos de Opening.

Respecto a la denuncia contra Oxford presentada ayer, Adicae afirma que es la primera contra esta empresa en España y la más amplia de las formuladas hasta ahora contra una academia de idiomas. En ella se pide la anulación de los contratos de crédito que Finanzia BBVA prestó a los alumnos, que esta entidad deje de cobrar las cuotas a los afectados y que les devuelva el dinero de los créditos a los que no recibieron ninguna clase por el cierre de la empresa, que tenía academias en Barcelona, Valencia y Madrid.

Los demandantes creen que se deben anular esos créditos porque están vinculados a la prestación de un servicio que nunca se llegó a prestar en su totalidad o se hizo parcialmente.

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