El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establece la anticipación de la edad de jubilación a los 58 años para trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 45%, cuando se trate de discapacidades determinadas reglamentariamente en las que se evidencien una reducción en la esperanza de vida de las personas afectadas.
Las discapacidades previstas que pueden dar lugar a la jubilación anticipada se refieren a discapacidad intelectual, parálisis cerebral, anomalías genéticas (síndrome de Down, acondroplasia o fibrosis quística, entre otras), trastornos del espectro autista, anomalías congénitas secundarias a Talidomida, síndrome postpolio, daño cerebral adquirido, enfermedades mentales como esquizofrenia o trastorno bipolar; y enfermedades neurológicas tales como Esclerosis Lateral Amiotrófica, Esclerosis múltiple, Leucodistrofias, Síndrome de Tourette o lesión medular traumática.
El Real Decreto ahora aprobado desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social, de 2007, y será de aplicación a todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social. Para acceder a esta jubilación anticipada será condición indispensable hallarse en alta o situación asimilada a la de alta.
La Seguridad Social estableció ya en el año 2003 coeficientes reductores de la edad de jubilación para trabajadores con discapacidad igual o superior al 65%. Por debajo de ese límite quedaban otros muchos trabajadores con discapacidad, cuya situación de hecho justificaba la posibilidad legal de acceder a la jubilación anticipada. La medida puede afectar, según los datos de afiliación a la Seguridad Social, a 20.583 personas con un grado de discapacidad entre 45% y 64%, y a 10.389 personas con una discapacidad del 65% o más.
La reforma de la Seguridad Social de 2007, que ahora se desarrolla reglamentariamente, abre esta opción a trabajadores cuya discapacidad lleva aparejada una menor esperanza de vida y, por lo mismo, menos carrera de cotización y menos oportunidades de llegar a la edad general de jubilación, fijada para todos los trabajadores en función de la esperanza media de vida.
Los trabajadores que reúnan las condiciones exigidas para acogerse a lo establecido en el Real Decreto aprobado ahora y en el de 2003 podrán optar por la aplicación del que les resulte más favorable.
Reivindicación «fuerte y justa»
El presidente del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero anunció ayer esta medida en un encuentro con miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), a quienes recibió en La Moncloa con motivo del Día Internacional de la Discapacidad.
Rodríguez Zapatero afirmó que esta medida responde a una reivindicación «fuerte y justa» y es excepcional, pues la tendencia actual es retrasar esta edad. Su justificación radica en el «sobreesfuerzo» que comportan algunos trabajos para personas afectadas por una discapacidad, explicó el presidente.
Igualmente, agradeció en su intervención ante los miembros del CERMI su lucha responsable para concienciar a los ciudadanos de que es necesario solucionar los problemas que se plantean a los discapacitados y atender sus «justas» aspiraciones y reivindicaciones.
El presidente recordó que en julio se aprobó el Plan de acción para personas con discapacidad para el periodo 2009-2012, dotado con 2.500 millones de euros que se destinarán a pensiones no contributivas, servicios, centros de día y formación ocupacional. Aunque «el gran desafío de este Plan es el empleo», señaló Rodríguez Zapatero.
Según los datos del INE, las medidas puestas en marcha han permitido contratar a 35.000 personas en el mercado ordinario y a 14.200 en la Administración. Además, para este año se ha aumentado en un 7% la reserva de plazas para este colectivo en la Oferta de Empleo Público.
Reformar el sistema de pensiones
Por su parte, la ministra de Economía, Elena Salgado, aseguró en una entrevista en TVE que el sistema de pensiones español no presenta problemas a corto plazo, aunque reconoció que habrá que afrontar reformas para que sea viable dentro de 25 ó 30 años.
«La esperanza de vida de los españoles ha crecido mucho. Lo razonable es que nuestra vida laboral también crezca», argumentó al mostrarse favorable a elevar la edad de jubilación de forma gradual y a restringir las prejubilaciones.
Precisó que las reformas deben ser acordadas en el Pacto de Toledo, y sobre la opción de retrasar la edad de jubilación, explicó que España tiene cuatro años más de margen gracias a la llegada de un número importante de trabajadores inmigrantes jóvenes y a que la población de mayores de 65 años es menor que en otros países europeos.
