El Gobierno regulará el funcionamiento de la Oficina de Cambio de Suministrador para gas y electricidad

Este organismo garantizará y fomentará la competencia en ambos mercados
Por EROSKI Consumer 22 de junio de 2009

La supervisión de los cambios de suministrador tanto para el sector del gas natural como para el de la electricidad corresponderá a la Oficina de Cambio de Suministrador (OCSUM), que para ello adoptará la forma de una sociedad mercantil y actuará conforme a los principios de transparencia, objetividad e independencia, informó el Ministerio de Industria.

Fue en el Consejo de Ministros del viernes cuando se aprobó el real decreto por el que se regula la estructura y funciones de la OCSUM, una institución cuyo papel «será esencial en el marco de la liberalización de los mercados energéticos para garantizar y fomentar la competencia en los sectores del gas natural y de la electricidad», indicó Industria.

«La OCSUM garantizará el acceso a las bases de datos de todos los puntos de suministro en poder de las compañías distribuidoras y las pondrá de forma gratuita y por medios telemáticos a disposición de las empresas que a partir del 1 de julio se harán cargo del suministro de gas natural o de electricidad al cliente final, es decir, las comercializadoras, lo que garantizará la mejor competencia dentro de un mercado abierto», aseguró el Ministerio.

Para ello, la oficina se constituye como una sociedad mercantil y en su accionariado participarán los propios distribuidores y comercializadores de gas natural y de electricidad en los porcentajes que determinan sus cuotas de mercado. Se trata, pues, de un caso de «autogestión». No obstante, la Administración realizará sus funciones de control general a través de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

La OCSUM contará además con el Centro de Información sobre el cambio de suministrador, orientado principalmente hacia los usuarios, a los que ofrecerá información gratuita sobre el procedimiento de cambio de suministrador, entre otras cosas. Sus funciones no incluyen la atención de quejas y reclamaciones, puesto que se trata de un tema que es competencia de las comunidades autónomas.

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