Ante la demolición próximamente de viviendas ilegales construidas en la Costa del Sol, especialmente en Marbella, los compradores que han actuado «de buena fe» deben recurrir al principio de fe pública registral, recogido en la Ley Hipotecaria, según aconsejó la Federación de Consumidores en Acción (Facua).
La federación explicó que este principio presupone la buena fe del comprador mientras no se pruebe que conocía la «inexactitud del registro». Así, se debería comprobar cada caso para determinar si los propietarios tenían o no conocimiento de que la licencia no era válida. Facua reclamó además en un comunicado a las administraciones públicas que protejan a estos compradores que desconocían que los inmuebles eran ilegales.
Si la demolición llega a ejecutarse, con el consiguiente daño y perjuicio para los afectados, la organización de consumidores recomendó a los compradores que reclamen, además de a las promotoras que han actuado de forma ilícita, a las administraciones públicas que han actuado incorrectamente y han dado licencias de construcción a parcelas que no estaban destinadas a este fin.
Por otra parte, la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha propuesto como solución la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), incluyendo algunas de esas viviendas en él. Esta medida afectaría a un 85% de las viviendas, por lo que un 15% tendrían que ser demolidas, ya que se encuentran en zonas de equipamiento urbano, destinadas en un principio a zonas verdes, colegios y otras infraestructuras.
