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Los préstamos fáciles se disparan

Desde que las entidades bancarias empezaran a contraer el flujo, la contratación de estos productos de elevado coste ha aumentado hasta un 14%

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: jueves 30 julio de 2009
Img teleoperadores Imagen: Tim Mansfield

La obturación del grifo crediticio ha disparado el interés por los llamados préstamos fáciles, rápidos o exprés. En los últimos meses, los canales alternativos de financiación y los acuerdos entre particulares están viviendo un imparable resurgir. Ante esta situación, lo más adecuado es no precipitarse y valorar la posible contratación con calma. Los tipos de interés que acompañan a estos préstamos rápidos son mucho más altos que los tradicionales y pueden conducir a un endeudamiento del que no es fácil salir.

Cubrir agujeros

/imgs/2009/07/teleoperadores.art.jpgTrabajadores que han perdido su empleo, pymes con dificultades… en definitiva, quien no puede acceder a la financiación y se ve obligado a buscar alternativas se ha sentido tentado por las facilidades que ofrecen estos productos financieros de elevado coste. Las entidades que los conceden imponen los intereses más altos del mercado, y un crédito rápido puede estar referenciado a un 20% o 30%, frente al 8% o 12% que ofrecen los bancos y cajas de ahorros. A cambio, el dinero se obtiene casi de inmediato, aunque no en las 24 ó 48 horas que se anuncian, sino una vez aceptada la solicitud, lo que puede llevar hasta dos semanas. Casi un 8% de la población recurre en condiciones normales a este tipo de préstamos, pero desde que las entidades bancarias empezaran a contraer el flujo, se ha elevado hasta un 14%.

Las compañías dependen de la financiación de la banca tradicional, cuya obturación provoca que no aprueben ni una décima parte de las solicitudes

Estas empresas conceden pequeñas cantidades, desde 500 hasta 15.000 euros, con un plazo de amortización de hasta cinco años, un dinero destinado a cubrir agujeros, realizar compras menores, rematar alguna letra impagada o sufragar las vacaciones. La clave del éxito de estos créditos, al margen de la contracción por parte de bancos y cajas, consiste en que no es necesario justificar la finalidad del dinero y en que la contratación es mucho más sencilla: basta con demostrar ingresos y llevar una identificación oficial. Sin embargo, las compañías que los ofrecen dependen directamente de la financiación de la banca tradicional, un canal directo cuya obturación también provoca que no aprueben ni una décima parte de las solicitudes, según explican desde Finangestión, entidad de reunificación de deudas y préstamos hipotecarios.

Ojo con la letra pequeña

Estos créditos tienen unos tipos de interés que pueden llegar a duplicar o triplicar muchos de los ofrecidos habitualmente por las entidades bancarias. Por ello, tanto el Banco de España como las asociaciones de consumidores, recomiendan estudiar al detalle el contrato. Entre otros, la letra pequeña, tan habitual en este subsegmento de la financiación.

Conviene asegurarse de la capacidad de endeudamiento y del total que puede alcanzar el interés, además de conocer que hay un plazo legal de devolución de 14 días desde que se firma el contrato. Las advertencias son pocas frente a la avalancha de anuncios que publicitan este tipo de créditos. En una sola mañana, de los 22 minutos de publicidad que se ofrecieron, 20 fueron de créditos rápidos; y de 42 anuncios en dos horas de programación, 16 versaron también sobre este producto, según señala Fernando Móner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), quien critica, además, que la duración de estos anuncios es muy corta en relación a la información que facilitan.

La ausencia de regulación adecuada es otro de los problemas. Por eso se ha solicitado la creación de un registro público estatal que agrupe a las empresas dedicadas a estas actividades con el fin de que se sometan al control del Banco de España. También se solicita la extensión y potenciación del sistema arbitral u otro medio extrajudicial acordado “ad hoc” para la resolución de conflictos, así como la promulgación de una normativa protectora para las situaciones de sobreendeudamiento.

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