Los datos sobre la situación de los expedientes de sanción de la Agencia Tributaria facilitados por el director general de ésta, Luis Pedroche, y por el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, reflejan que los técnicos de la Agencia probablemente tengan que hacer horas extras después de verano para evitar que caduquen, antes de finales de año, 633.000 expedientes de sanción pendientes, ya que están valorados en 839,3 millones de euros.
Actualmente los expedientes están paralizados, tras la aprobación de la nueva Ley General Tributaria (LGT) a principios de diciembre, porque con la entrada en vigor de este texto, la aceptación del pago de la sanción implicará un descuento del 25% en su cuantía.
Durante su comparecencia el pasado martes, tanto Pedroche como Ordóñez intentaron restar importancia al problema, de forma que sólo reconocieron «un cierto embalse» de expedientes paralizados en el ámbito de gestión tributaria. En cuanto a las sanciones, cuya media está en 500 euros, además de deberse a deudas con Hacienda, también han sido causadas por incumplimientos formales y de plazos.
Posibles horas extra
En cuanto a la paralización, ésta fue apoyada por los responsables de Hacienda para evitar los miles de recursos que hubieran interpuesto los contribuyentes que no se pudieran beneficiar de ese régimen fiscal más favorable, sin embargo han pensado una solución, según ellos «razonable», que consiste en una nueva aplicación informática que permitirá realizar un máximo de 200.000 notificaciones al día.
Los responsables de Hacienda esperan comprobar cómo funciona este nuevo método en julio y agosto, y, en función de cómo marche todo, plantearse la puesta en marcha un plan de choque a partir de septiembre para las tres principales administraciones (Madrid, Barcelona y Valencia), por el cual sus funcionarios tendrían que hacer «horas extra» dada la limitación de efectivos.
Registro de facturas
Asimismo el Ministerio de Economía y Hacienda ha anunciado que impondrá a los empresarios la obligación de guardar un registro de sus facturas, como medio para evitar parte del fraude detectado en los últimos años en el sistema de tributación por módulos. Cuando la reforma fue presentada en el Senado, se aseguró que el sistema debería «circunscribirse» a los pequeños empresarios, sin embargo el martes se aclaró que no se dejará fuera a nadie, si bien si se exigirán «más requisitos formales a unos que a otros».
En concreto, Hacienda va a prestar una especial atención en los empresarios que facturan a otros empresarios, ya que estiman que constituyen un foco «importante» de emisión de facturas falsas. Sería, por ejemplo, el caso de los recibos que se emiten para los proveedores. A este grupo se le obligará a disponer de un registro documental de sus facturas, dado que, tanto por su número como por su cuantía, permiten un control detallado de las mismas.
