El precio final de la electricidad para los consumidores domésticos debería aumentar un 23% en 2012 y un 18% en 2013 para resolver el problema del déficit de tarifa y equilibrar el sistema eléctrico, según un informe de PricewaterhouseCoopers (PwC). En el documento, titulado «Diez temas candentes del sector eléctrico español para 2012», la firma aboga además por revisar los pagos por capacidad, ralentizar la instalación de renovables, renovar los permisos nucleares en función de criterios de seguridad o estudiar vías alternativas para financiar las tecnologías «verdes».
PwC se muestra partidaria de limitar las tarifas reguladas a consumidores con potencias inferiores a tres kilovatios (kW), lo que supondría sacar de la Tarifa de Último Recurso (TUR), que es la única de carácter regulado, a cerca de 19 millones de consumidores. Sobre la revisión de la TUR, PwC cifra en el 30% en 2012 y en el 17% en 2013 las subidas necesarias en el capítulo de peajes, cuyo peso ronda el 50% en el precio final. Al margen del impacto de esta medida sobre los consumidores domésticos, el precio final para los clientes industriales debería subir un 8% el próximo año y un 4% en 2013, señala.
«Estas subidas, en el actual entorno económico, resultan muy altas, pero hay que ponerlas en el contexto de lo que supone para el hogar. El coste de la electricidad pasaría a equivaler al 3% de los gastos totales del hogar, frente al 2,5% actual», afirmó el socio de PwC Joaquín Coronado. La subida igualaría el gasto doméstico en luz con el que se realiza en servicios como las telecomunicaciones.
El déficit de tarifa acumulado en los últimos años asciende en la actualidad a 28.800 millones de euros y, para contenerlo, no solo es necesario elevar los ingresos mediante subidas de tarifas, sino también contener los costes del sistema, indica el informe. En este sentido, pide una «racionalización de las inversiones previstas para los próximos años» tanto en el régimen ordinario como en el especial, en el que se incluyen las renovables, para las que recomienda un ritmo de instalación acorde a la eficiencia de cada tecnología.
PwC pide una contención en la instalación de nueva potencia renovable hasta 2018, momento en el que se podrá acelerar la apuesta por estas tecnologías para cumplir los objetivos comunitarios. La medida evitará primas por 7.300 millones de euros, lo que supone un 11% de los 69.075 millones de coste total de estas tecnologías hasta 2020. Las cinco principales eléctricas, calcula PwC, tienen pendientes derechos de cobro por 9.612 millones, que deberían titulizarse en los mercados «lo antes posible» o, al menos, antes de julio de 2012. El informe también alude a la insuficiente independencia de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) como regulador del sector, ya que no tiene capacidad para imponer sanciones ni para fijar las tarifas eléctricas.
