La Federación de Consumidores en Acción (FACUA España) advierte en un informe titulado «Defectos en Vehículos» que la legislación sobre su seguridad debe endurecerse dados los numerosos casos de defectos de fabricación detectados por los conductores y el excesivo número de llamadas a revisión realizadas por los fabricantes, «al verificar a posteriori fallos en determinados elementos de los coches que en no pocas ocasiones pueden afectar gravemente a la seguridad de los conductores».
Según FACUA, la legislación vigente únicamente establece la obligación de inspeccionar un mínimo de un vehículo de cada modelo al año (la normativa dice que el control «no debe ser inferior a un vehículo por tipo y año») para controlar que se ajustan al prototipo homologado por los organismos acreditados. Además, añade, se llega al extremo de permitir que sea el fabricante quien realice los controles en lugar de entidades oficiales. Por todo ello, la Federación ha solicitado al Ministerio de Ciencia y Tecnología que se incrementen de forma considerable las inspecciones obligatorias y que éstas sean realizadas siempre por organismos públicos, «ya que la autorregulación del sector ha demostrado su ineficacia».
Demanda asimismo que se obligue a los fabricantes a notificar al Ministerio los defectos que se detecten en sus vehículos y la creación por parte del Gobierno de un registro público para que los consumidores puedan conocer estos fallos, similar al establecido por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de EE.UU.
En este sentido, considera necesario que se regulen los procedimientos por los que los fabricantes deben notificar a los conductores estos defectos y las llamadas a revisión para garantizar que todos los afectados sean informados.
