Una de las primeras tareas del Parlamento español con el regreso al curso en septiembre será el análisis del proyecto de ley aprobado y remitido por el Gobierno en verano sobre la utilización confinada, liberalización voluntaria y comercialización de Organismos Modificados Genéticamente (OMG). En otras palabras, la ley sobre transgénicos, un texto muy esperado y que reúne en torno a sí posturas encontradas respecto a sus beneficios o perjuicios en la alimentación humana y animal. Mientras Estados Unidos ha abierto la mano en los últimos diez años, hasta convertir su agricultura en dependiente de los OMG, en Europa se cerró la «barrera» con una moratoria tras aceptar al maíz y la soja.
El proyecto de ley gubernamental reparte las responsabilidades entre la Administración central (dará las licencias) y las comunidades autónomas (labores de control). Para otorgar una licencia comercial (que nunca podrá exceder de diez años) exigirá todo tipo de estudios técnicos, evaluación de riesgos, planes de seguimiento y etiquetados claros. También marca las tarifas (hasta 12.040 euros por una licencia comercial), y las posibles multas (1,2 millones de euros en casos de infracción muy grave). El plazo de enmiendas políticas finalizó el miércoles. Esta norma y la entrada en vigor de una nueva Directiva europea en octubre «harán posible que se reinicie el proceso de aprobaciones de nuevos productos. Hay trece que están esperando», estimó el director de Biotecnología para el Mediterráneo de la multinacional Monsanto, Miguel León.
Antes de que lo discutan los políticos, el texto sólo ha servido para reabrir el exacerbado debate anterior. «El texto de la Comisión Europea es progresista y riguroso, el español suprime aspectos claves para los controles y llega tarde. Creemos que podría ser ilegal y no descartamos denunciarlo si se aprueba», explicó el responsable de Ingeniería Genética de Greenpeace, Juan Felipe Carrasco. «El nuevo texto proporcionará que las autorizaciones se realicen caso por caso, bajo el control del principio de precaución, disipando miedos injustificados ante un daño que jamás se ha producido», resumió el abogado experto en Derecho Alimentario y transgénicos, Enrique Marín.
Riesgo cero
En medio están los científicos españoles, conscientes de que el nuevo texto puede abrir espacios a sus investigaciones. «La soja transgénica ha pasado por 1.800 analíticas, la biológica por ninguna. Nunca existe riesgo cero en nada. Pero me gustaría que todo se evaluara igual y que el consumidor eligiera», explicó el investigador del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Valencia Daniel Ramón.
En un plazo no muy lejano, este científico estampará su nombre en la patente de la primera naranja transgénica. Y hasta 2010 habrá nuevas patentes en campos como las levaduras, en las que España es una potencia mundial.
