La nueva normativa sobre aguas de consumo presentada el viernes por la técnico del Ministerio de Sanidad y Consumo, Margarita Palau, contemplará la retirada de las tuberías de plomo de todos los inmuebles. La medida se adopta por recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante los problemas de desarrollo de los descendientes de quienes hayan consumido agua contaminada con este metal. La nueva ley será aprobada en febrero.
Las tuberías de plomo dejaron de colocarse en 1980. Sin embargo, buena parte de los inmuebles antiguos cuentan aún con esta instalación. En las cañerías de los edificios de reciente construcción también existen algunas piezas de ensamblaje fabricadas con este metal. La nueva norma, que está elaborando el Ministerio de Sanidad y Consumo sobre los criterios sanitarios de la calidad de aguas de consumo humano, incluye los parámetros de control de la directiva europea en la materia aprobada en 1998 y en ella se especifica que estas tuberías deberán ser retiradas.
La recomendación parte de la OMS, que realizó diversos estudios sobre la presencia de plomo en el agua de consumo a principios de la década de los noventa. El organismo dio la voz de alarma al comprobar que los valores de este material, empleados en algunas antiguas canalizaciones, era de cincuenta microgramos por litro, cuando los valores de seguridad se sitúan en un límite de diez microgramos por litro. La concentración del metal puede acarrear graves problemas de salud. De hecho, la retirada de las cañerías pretende evitar nuevos casos de saturnismo y problemas de desarrollo desde edades tempranas.
