La nueva Ley General Tributaria (LGT), que viene a sustituir a la normativa preconstitucional vigente desde 1963 (reformada en parte en 1985 y 1995), entrará en vigor el próximo jueves, 1 de julio, entre las críticas sobre su eficacia por parte de inspectores de Hacienda y asesores fiscales, si bien estos últimos defienden algunos de sus puntos más controvertidos. En lo que sí coinciden ambos colectivos, es en que el primer reto que deberá afrontarse con el nuevo texto es desatascar los miles de expedientes sancionadores «paralizados» (sólo en su resolución) desde diciembre pasado.
Expedientes «paralizados»
El calificativo de «atasco» es utilizado por inspectores y asesores para definir la acumulación multitudinaria de expedientes desde que se publicó la LGT en el Boletín Oficial del Estado hace casi siete meses, aunque no se aventuran a cuantificarla ni en el volumen de procedimientos ni en su repercusión económica. No obstante, si se consideran las cifras correspondientes a las sanciones cobradas en el 2003, incluidas en el último informe anual de recaudación elaborado por la Agencia Tributaria, las sumas pendientes de ejecución podrían superar, en conjunto, los 125 millones de euros.
Desde el Ministerio de Economía y Hacienda se reconoce la existencia de «un problema» en este asunto, si bien confían en que durante la segunda mitad del año se solvente. Sin embargo, los profesionales advierten que sin el reglamento sancionador (cuya entrada en vigor se demorará, al menos hasta otoño) será «más que complicado» resolver un buen número de esos expedientes. En la práctica, esto significa que aunque la nueva ley ya se pueda aplicar a finales de la próxima semana, poco se podrá hacer por ahora para agilizar el numeroso trabajo acumulado.
Los miembros de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (APIFE) ya cuentan con que, al igual que el resto de sus compañeros, tendrán que trabajar «a destajo» para resolver todos los expedientes antes del 31 de diciembre. Según una disposición transitoria que acompaña a la futura normativa tributaria, a partir de esa fecha podrían caducar. El esfuerzo será aún mayor al tener que cumplir otros plazos legales, pues entre notificar al contribuyente y dar firmeza a la resolución puede irse más de un mes.
Plazos legales
Los beneficiados por tan corto plazo son quienes tienen cuentas pendientes con el fisco, que podrían ver cómo sus deudas quedan olvidadas. Pese a ello, desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), que aconsejó recurrir toda sanción para beneficiarse del 25% de descuento previsto en caso de desistimiento, creen negativo el retraso en la entrada en vigor del reglamento, ya que tanto Administración como particulares dispondrán de «muy poco tiempo» para analizar y aplicar unas normas «muy complejas», lo que «no constituye el escenario más propicio para la seguridad jurídica».
El denominado «conflicto en la aplicación de la norma tributaria» es otro de los puntos controvertidos de la nueva legislación, de la que también critican su elevada subjetividad y lo reducido de algunas sanciones. Los inspectores rechazan el primer sistema que regula de forma concreta los posibles casos de «abuso de ley», pues creen que no frena la «permisividad» actual con el fraude «más sofisticado» y la «ingeniería financiera». También se quejan de que se hayan eliminado las sanciones por estos temas, y de que sean resueltos por unos nuevos órganos unipersonales, independientes de la Inspección, que tomarán una decisión en un plazo de seis meses.
Tampoco gustan a los inspectores las nuevas actas con acuerdo, posible solución a la imposibilidad de comprobar algunos datos. En vez de llevar estos conflictos a los tribunales, las dudas serán resueltas por el profesional correspondiente de la Agencia o su superior, lo que no cierra la puerta a posibles «influencias políticas». Por último, reclaman que se amplíe el plazo para la finalización de las actuaciones inspectoras (un año) y que desaparezcan los trámites necesarios para investigar las cuentas bancarias de los contribuyentes, peticiones que los asesores fiscales consideran «injustificadas».
