La Sociedad General de Autores (SGAE) ha decidido obligar a las academias de danza a pagar una tasa por el uso que hacen de ella en sus aulas. Los profesionales consideran injusto este pago, ya que necesitan este material para llevar a cabo las clases de las carreras que imparten.
Los problemas que la piratería está causando a la industria discográfica está haciendo tambalear los cimientos de comercios y sellos discográficos. Las pérdidas que este sector tiene por culpa del uso indebido de música asciende ya a la astronómica cantidad de 150 millones de euros.
Con el fin de que los derechos de todos los autores estén protegidos, la Sociedad General de Autores estudia todos los campos donde se utiliza la música, para comprobar si el modo en que se usa es lícito. Por este motivo, la SGAE ha decidido controlar la forma en que las academias privadas de danza hacen uso en las clases que imparten.
Escuelas de danza han recibido en las últimas semanas un comunicado por parte de esta entidad en la que se les comunica que se va a proceder al cobro de una tarifa por la utilización de música en su actividad. La SGAE cuenta para ello con la autorización del Ministerio de Cultura, aunque aún no ha comenzado a ejecutar los cobros.
Esta noticia no ha sentado demasiado bien al sector dancístico, que considera «injusta» la aplicación de esta tarifa, «ya que las academias de danza realizan una labor social y didáctica, puesto que muchas escuelas imparten enseñanza reglada», según informó la Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad Valenciana.
Dicha asociación se encuentra en la actualidad negociando la exención de este pago, puesto que considera que la música es un material didáctico imprescindible para realizar su profesión «igual que se utilizan composiciones en las clases de música de los institutos o libros en las escuelas, sin que por ello se les cobre nada en concepto de derechos de autor», explicó esta entidad.
Al parecer, la aplicación de las tarifas se realizará en función de los metros cuadrados de las aulas que disponga el centro. Por ejemplo, un local que cuente con 200 metros cuadrados de uso necesario debería pagar una tarifa mensual de alrededor de 50 euros.
Los profesionales han pedido que se tenga en cuenta también el número de alumnos que acude a cada aula (ya que en muchas ocasiones no tiene que ver con lo grande o pequeño que sea el espacio), así como la labor social que cumplen estos centros.
La Sociedad General de Autores ha informado que, dado que no tienen constancia de todas las academias privadas que imparten enseñanza reglada, se ha puesto en contacto con la Federación para conocer la situación de cada centro. Su intención es sólo cobrar a las que usen la música con objetivos lúdicos, por lo que las academias que ofrezcan estudios reglados y homologados de danza contemporánea, española o clásica podrían quedar exentos.
La SGAE sólo se ha puesto en contacto con los centros privados, ya que considera que en los conservatorios públicos y en el Centro Coreográfico está justificado el uso formativo de la música.
Todas las asociaciones de danza de España han protestado por esta medida. Las academias consultadas alegan que la enseñanza de la danza ha estado siempre exenta de IVA, lo que convierte a este nuevo impuesto en «injustificado» y acusan a la SGAE de discriminar a los centros privados que están cumpliendo en muchas comunidades «una labor que no cubre la enseñanza oficial» y una nueva prueba del desconocimiento general que existe en torno a estos centros.
