El acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y la presidencia belga sobre la nueva norma comunitaria para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales obligará a empresas y sector público a pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días. Este acuerdo debe ahora ratificarse por el pleno del Parlamento Europeo en octubre.
Para las autoridades públicas, sólo en «circunstancias excepcionales» el periodo de pago podrá alargarse más allá de 30 días. No obstante, el plazo nunca podrá pasar de 60 días y será necesario presentar una justificación para cualquier prórroga. El interés de demora si se retrasa un pago se fija en el tipo de referencia más un 8%. Además, la Eurocámara y los Veintisiete han acordado una cantidad fija de 40 euros como compensación por los costes de recuperación.
Los Estados miembros podrán fijar plazos de pago distintos de hasta 60 días en el caso de los hospitales. Esta excepción se contempla por la naturaleza específica de estos centros, que suelen financiarse a través de reembolsos, en virtud de los sistemas de seguridad social.
La propuesta original de la Comisión Europea (CE) señalaba que los plazos debían fijarse por acuerdo entre el deudor y el acreedor. Sin embargo, los negociadores del Parlamento Europeo convencieron a la presidencia belga de aceptar la regla de los 30 días para toda Europa.
«Las pequeñas empresas europeas ya no sufrirán problemas de liquidez por culpa del retraso en el pago de sus productos por parte de autoridades públicas o grandes compañías», afirmó la negociadora por parte de la Eurocámara, la socialista alemana Barbara Weiler. «El acuerdo significa que las pymes ya no se verán obligadas a servir como bancos para el sector público o para las grandes compañías», destacó.
