Las personas con discapacidad auditiva dispondrán de intérpretes de lengua de signos cada vez que comparezcan ante un tribunal de justicia, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, tras las reformas introducidas en las leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal.
Los sordos encontraban hasta ahora grandes barreras de comunicación a la hora de acceder a la justicia, ya que la ley no les reconocía el derecho a usar los servicios de intérpretes en los tribunales. La decisión de proporcionar o no un intérprete de lengua de signos española «quedaba al libre criterio de cada sala, de manera que el juez podía optar por desatender esta petición y obligarles a declarar por escrito», según se explica desde la Confederación Nacional de Sordos de España (CNSE).
Para esta organización, la medida significa «un logro importante que rompe con siglos de indefensión jurídica y de discriminación real» de los ciudadanos con esta discapacidad. La entidad recuerda que el 80% de la población sorda de España padece analfabetismo funcional, lo que «les plantea graves problemas a la hora de expresarse por escrito».
En este sentido, la CNSE señala que la anterior situación «fomentaba la indefensión jurídica por motivos de discapacidad» y añade que la reforma «mejora la situación de las personas sordas» y la «equipara a la de los extranjeros que están en nuestro país» que, según indica la Confederación, «sí tienen reconocido el derecho a contar con intérpretes».
