El Ministerio de Sanidad y Consumo exigirá a las empresas «mayor claridad» en la información que se proporciona al consumidor, especialmente antes de adquirir un bien, y emitirá espacios informativos dirigidos a los usuarios en los medios de comunicación públicos. Así lo ha anunciado esta mañana la titular de este departamento, Elena Salgado, en el transcurso de un acto con motivo del XX aniversario de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Salgado avanzó además que su departamento estudia establecer una puntuación específica a las empresas que se adhieran al Sistema Arbitral de Consumo en el ámbito de los contratos de servicios con la Administración. El objetivo es «favorecer que todas las empresas se adhieran al sistema arbitral sin limitaciones», señaló la ministra.
La responsable de Sanidad subrayó que lo que le preocupa «especialmente» es la contratación de ciertos servicios básicos como el suministro de agua, de energía, de teléfono o bancarios, «en los que los ciudadanos deben adherirse a unas cláusulas que les vienen impuestas de antemano sin capacidad de negociación». Según la ministra, en determinados casos se establecen sistemas diferentes para el alta o la baja en el servicio, gravando «de forma desproporcionada» los intereses de los usuarios.
Para evitar este tipo de situaciones, el Ministerio estudia medidas preventivas como la prohibición del perfeccionamiento de los contratos fuera del establecimiento, impulsar una regulación «más clara» del desistimiento, y la prohibición de exigir al consumidor garantías de pago de créditos mediante letras de cambio, cheques o pagarés.
Salgado añadió que también tiene previsto desarrollar el real decreto sobre seguridad general de los productos, en aspectos tales como los sistemas de comunicación de riesgos por parte de empresas; potenciar el Centro de Investigación y Control de la Calidad, poner en marcha un sistema de control de seguridad de los servicios, y fijar mecanismos que garanticen el resarcimiento de daños.
Igualmente, fortalecerá la colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, promoverá un marco jurídico de las asociaciones de consumidores, y refundirá en un único texto la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de transposición de las directivas comunitarias sobre esta materia.
