Los legisladores de Estados Unidos y Australia recibieron el lunes una petición por parte de sus colegas británicos para que adopten normativas duras anti «spam» o correo basura. El cometido es conseguir que más países se sumen a iniciativas como la reciente legislación europea para acabar con el flujo global de correos no solicitados.
El «spam» se ha convertido en una creciente cuestión de interés político en general. La campaña para erradicar los mensajes basura ha atraído a un frente unido de políticos, empresarios y defensores de los derechos cibernéticos.
El All Party Internet Group (APIG), formado por parlamentarios británicos, hizo público el lunes un informe en el que se decía que la legislación anti «spam» debería estar armonizada en todo el planeta para criminalizar la actividad interfronteriza.
«Es esencial que se adopte una acción global coordinada contra el correo basura», dijo el parlamentario Derek Wyatt, presidente de APIG. El informe, que recoge datos de numerosas empresas, individuos y grupos comerciantes, es el resultado de una investigación de un año sobre el coste económico del correo basura en el Reino Unido.
La normativa de la UE requiere a todos los remitentes de correos electrónicos, ya sean comerciantes legítimos o personas que envían «spam», que reciban el consentimiento previo del receptor. Esta denominada ruta «opt-in» define en términos generales cualquier correo basura aquel que llega sin el permiso del receptor.
Pero las actuales propuestas de EEUU conllevan un mecanismo «opt-out» que ha recibido las críticas desde Europa. Las propuestas anti «spam» en Australia, uno de los pocos países que trabajan en este tipo de legislación, incluirán especificaciones «opt-in».
El pasado mes, Reino Unido e Italia fueron los primeros países de la UE en aprobar leyes anti «spam». Pero observadores de la industria ya han cuestionado la efectividad de estas leyes, indicando que estos mensajes proceden en gran parte de Estados Unidos, Asia y el Caribe.
