A las pesimistas previsiones sobre la evolución de la economía española anunciadas ayer por la Comisión Europea se sumo otra mala noticia. La agencia de calificación Standard and Poor’s cumplió sus amenazas y rebajó la calificación crediticia de nuestro país a largo plazo hasta «AA+». Asimismo, confirmó la calificación «A-1+» a corto plazo.
La semana pasada puso bajo vigilancia «con implicación negativa» el «rating» a largo plazo «AAA», que corresponde a la máxima calidad crediticia, por los «considerables desafíos» a los que se enfrenta la economía del país. Ahora ha rebajado la calificación a «AA+» porque «las debilidades estructurales en la economía española son inconsistentes con una posición de ‘AAA'».
Un analista de la compañía explicó que el recorte del «rating» refleja sus expectativas de que las finanzas públicas «sufrirán en sintonía con el previsto descenso de las perspectivas de crecimiento de España y que la respuesta política puede ser insuficiente para afrontar de forma efectiva los desafíos económicos y fiscales».
La decisión adoptada por Standard and Poor’s significa que todas aquellas instituciones cuyos «ratings» están vinculados a la calificación de esta agencia deben rebajarlos. Así, la calificación «AAA» a largo plazo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) pasa a «AA+».
El Ministerio responde
Tras conocer la medida, el Ministerio de Economía y Hacienda se apresuró a aclarar que la rebaja de la calificación más que suponer un riesgo para la economía española en el futuro, implica cierto sobrecoste en la colocación de la deuda pública.
Fuentes de este departamento insistieron en que la solvencia de nuestra economía para hacer frente a la crisis que atraviesa «está fuera de toda duda» y que el país seguirá manteniendo un nivel de deuda muy reducido y muy inferior a la medida europea.
Añadieron que además de Standard and Poor’s existen otras agencias de calificación, como Fitch o Moody’s, que aún mantienen el nivel «AAA» para España.
Pese al desprestigio sufrido por las agencias calificadoras a raíz de la crisis de las hipotecas “subprime” y sus secuelas, los mercados no disponen de otros instrumentos para evaluar la calidad de los títulos, y Standard and Poor’s examina periódicamente las emisiones de deuda de más de un centenar de países.
La rebaja del “rating” supone para España salir del selecto grupo de países que gozan del sello de calidad crediticia que otorga la calificación “tripe A”, al que accedió hace cinco años. Y ello tiene consecuencias destacadas.
En primer lugar, un Estado solvente, pero con desequilibrios económicos, se ve obligado a retribuir a un precio más elevado a sus financiadores. Además, crece la carga del endeudamiento exterior y se encarece el dinero que obtienen con sus emisiones tanto las entidades de crédito como las empresas, que tienen las obligaciones del Estado como referente. También repercute, en última instancia, en el precio que el dinero alcanza en las operaciones realizadas en el mercado interior.
Para recuperar la excelencia, España tendría que avanzar significativamente en el camino de situar su deuda pública en los niveles de 2008 -próximos al 37% del Producto Interior Bruto (PIB)-, pero el Gobierno calcula que hasta el año 2012 aumentará 14,2 puntos.
Otra vía de corrección sería la aplicación de liberalizaciones en los mercados laboral y de bienes y servicios. Pero esta alternativa plantea riesgos: el nivel podría bajar si se acentúan los desequilibrios.
