La academia Wall Street cerrará los centros de enseñanza que le quedan en España

Facua denuncia que sigue captando alumnos después de su anuncio de cierre
Por EROSKI Consumer 7 de junio de 2005

La sociedad española International Educational Provider SL (IEP SL), que gestiona 18 franquicias de Wall Street Institute (WSI International) en España, ha anunciado el cierre de esos centros.

Facua pide al Gobierno que ponga en marcha la modificación de la Ley de Crédito al Consumo, demandada por múltiples asociaciones cuando estalló el caso Opening

Por su parte, WSI International, compañía con sede en Baltimore (Estados Unidos), ha informado en un comunicado que las otras 17 franquicias con que cuenta en España «seguirán ofreciendo sus servicios con normalidad», dado que «no están afectadas por las dificultades operativas de IEP SL».

El comunicado añade que, pese a no tener vínculos con IEP SL, WSI International ofrecerá a los estudiantes de esta empresa afectados por el cierre un programa formativo online -«English Anytime»- de forma gratuita. Asimismo, la empresa de Baltimore «tiene previsto poner en marcha en breve un servicio de atención telefónica para informar a los estudiantes de IEP SL».

«Un mal sistema»

La responsable de UGT en el comité de empresa de la red de academias de idiomas Wall Street, Paloma Martínez, aseguró que la clausura de los establecimientos es «un suma y sigue del conflicto que se originó con el cierre de Opening y Brighton», en 2002, atribuible, según precisó la portavoz sindical, «a un mal sistema de enseñanza de idiomas».

Wall Street contaba en 2002 con un total de 130 centros en España y, a raíz de la crisis de Opening, perdió 88 en sólo tres años. Martínez recordó que «cuando desaparecieron las demás academias, Wall Street también cerró el 50% de sus franquicias» en nuestro país. «Pero ahora ha llegado la crisis total», añadió mientras informaba que los centros están localizados en Madrid, Barcelona, Andalucía y Valencia.

El cierre de Opening no sólo afectó a los trabajadores y a los alumnos que estaban siguiendo un curso en el momento del cierre, sino también a aquellos que habían contratado créditos en bancos para financiarse las matrículas de los próximos años, un sistema que también se usa en Wall Street Institute.

Algunos de estos alumnos han obtenido resoluciones judiciales a favor de las demandas interpuestas, en las que pidieron a los tribunales que anulasen los créditos y se les indemnizara, contra la academia de idiomas Opening y los bancos que financiaron sus cursos.

Los representantes sindicales están negociando los expedientes de regulación de empleo de los afectados por el cierre. «Estamos intentando que salgan lo menos perjudicados posible», aseguró Paloma Martínez en este sentido.

La cadena de academias de idiomas no ha precisado la fecha exacta del cierre, según fuentes del comité de empresa y de UGT.

Captación de alumnos

La Federación de Consumidores en Acción (Facua) ha denunciado esta misma mañana que Wall Street Institute sigue captando alumnos después de su anuncio de cierre y advierte de que hoy ni siquiera en el teléfono central de la empresa, 902 399 399, indicaban conocer la inminente clausura de las academias.

La Federación señala que el cierre de Wall Street Institute es un suma y sigue tras los de otras redes como Opening, Cambridge, Brigthon y Sylvan, aunque afortunadamente WSI dejó de utilizar hace tiempo el sistema de pago a través de créditos al consumo.

En cualquier caso, Facua demanda al Ministerio de Sanidad y Consumo que ponga en marcha la modificación de la Ley 7/1995, de Créditos al Consumo, tan demandada cuando estalló el caso Opening, «para que cualquier préstamo destinado a la compra de un producto o la contratación de un servicio quede vinculado al mismo y se suprima en todos los supuestos la exigencia de exclusividad con la entidad financiera para que el consumidor pueda ejercer frente a ésta los mismos derechos que le correspondan frente al vendedor o prestador del servicio. Así, si el vendedor incumple el contrato, el préstamo quedaría paralizado y la entidad financiera debería devolver al consumidor todo su dinero».

Facua considera «insuficiente» la reforma que se realizó en la Ley 62/2003, de 30 de diciembre.

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