Ecotasa turística

En 2001 el Parlamento balear aprobó el cobro de la ecotasa, un impuesto creado para gravar la estancia en hoteles y apartamentos turísticos y cuya recaudación estaba destinada a la reinversión en el propio sector turístico y la recuperación del medio ambiente. Apenas un año después, en octubre de 2003, esta tarifa fue sin embargo derogada ante las quejas de los hosteleros y los clientes, que la consideraban abusiva y sin un objetivo claro. “Nosotros estuvimos muy en contra de la ecotasa en Baleares porque realmente no era una ecotasa, sino un impuesto finalista. Se dijo que respondía al principio europeo de ‘quien contamina paga’ y se acusó a los turistas de ser quienes más contaminaban cuando, en realidad, existen otras actuaciones que manchan más, como las fábricas”, explica el Secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHOT), Ramón Estalella.

Junto a la ecotasa balear, cuya aplicación suponía el pago al establecimiento hotelero de entre 0,25 y 2 euros por día y persona sobre el precio de la estancia, algunos municipios de las islas pusieron en marcha otras medidas como la desclasificación de suelos urbanizables y la reducción del número de plazas hoteleras, a la vez que se ampliaron las zonas verdes y las infraestructuras más demandadas por los turistas. Se trataba de alertar del deterioro de una costa visitada cada año por un importante número de turistas. El medio ambiente comenzaba a poner de manifiesto los excesos de una actividad que, si bien reporta a las islas generosos beneficios económicos, supone un impacto ambiental cada vez más peligroso.

Se rechazó la propuesta y la ecotasa turística quedó derogada. Así, mientras ciudades extranjeras como París, San Francisco, Seattle o Bora-Bora exigen a los turistas el pago de tarifas de pernoctación o similares -que por lo general se hacen efectivas a la llegada, en el propio aeropuerto de destino-, en España su implantación no encuentra aún aceptación suficiente. “La gente no deja de viajar a República Dominicana porque tenga que pagar una ecotasa, el problema es que en Baleares se daba a entender que se buscaba un turismo de calidad, de millonarios. Además, la ecotasa balear afectaba a los turistas que se alojaban en hoteles, pero no a quienes lo hacían, por ejemplo, en pisos alquilados”, concluye Estalella.

La apertura de un nuevo alojamiento hotelero y la consiguiente llegada de turistas suponen una alteración del medio ambiente que puede llegar a ser, en algunos casos, irreversible. Y es que además de transformar el paisaje, este tipo de actuaciones contribuyen a disminuir los recursos naturales, generan grandes cantidades de residuos y aumentan la contaminación atmosférica.

En este sentido, desde Ecologistas en Acción se anima a “modificar” determinados comportamientos, a la vez que se considera necesario que tanto los hosteleros como los turistas cumplan con la normativa vigente en materia medioambiental y contribuyan, además, a la disminución de la aglomeración hotelera, la diversificación de la oferta turística y la implantación de sistemas de gestión medioambiental.

Según datos de la Organización Mundial del Turismo, unos mil millones de personas cruzarán sus fronteras en 2010 para viajar a otros países. De ellos, casi un millón lo podrá hacer a España, de acuerdo a las plazas hoteleras disponibles, mientras que otro tanto podrá alojarse en campings, apartamentos o pisos de alquiler.

En total, el turismo español podrá recaudar cerca de 1.500 millones de dólares, pero el coste ambiental no tendrá precio. Al excesivo gasto de agua -se calcula que un turista consume cada día 400 litros, el doble en un hotel de lujo-, habrá que añadir el aumento en la generación de residuos y la emisión de un buen número de gases a la atmósfera procedentes de los diferentes medios de transporte y, en especial, del avión. Será necesario, por tanto, contar para entonces con un turismo sostenible y no agresivo que ayude a conservar el entorno en buenas condiciones y se mantenga a la vez como una destacada fuente de ingresos y empleo. De lo contrario, no sólo quedarán en el aire 1.600.000 empleos directos sino, lo que es más importante, se perderá gran parte de los espacios naturales actuales.

Apenas duró unos meses, pero el ejemplo de la ecotasa balear sirvió para poner de manifiesto los ámbitos más necesitados de atención y aquellos en los que sería conveniente destinar la recaudación de un impuesto similar. Asimismo, gracias a esta tarifa, quedó patente el elevado gasto de agua de las principales zonas turísticas, así como el aumento del consumo eléctrico. En este contexto, la fiscalidad ecológica debería encaminar sus esfuerzos a cuidar el patrimonio de cada territorio e implicar a los turistas en su conservación, lo que repercutiría a su vez en una buena industria turística con mejores productos.

Respecto a las materias en las que reinvertir los beneficios recaudados, en primer lugar sería conveniente la recuperación de los espacios naturales, a través de la conservación de parques naturales o actividades como el senderismo, además del cuidado de humedales, reservas o costumbres locales. También se contempla la importancia de la rehabilitación de las zonas más visitadas, de manera que se limite el acceso de vehículos a los alrededores de las playas y se impulse el uso del transporte público, se fomenten las zonas verdes, se reutilicen las aguas depuradas y se reduzca la cantidad de suelo urbanizable.

Por último, el cobro de este tipo de tarifas podría favorecer, además, el desarrollo del turismo local, mediante la venta de productos típicos de la región o la renovación de patrimonio cultural.

Una vez conocido el rechazo a la implantación de la ecotasa, pero destacadas las ventajas de su recaudación, grupos ecologistas y los propios hosteleros se plantean ahora la necesidad de buscar fórmulas alternativas a esta tarifa capaces de contribuir al mantenimiento del entorno y las zonas naturales, tan valoradas por los visitantes a la hora de decidirse por un destino de vacaciones. “Hay una competencia muy fuerte con otros países y no se puede seguir cargando al turista”, subraya el secretario general de CEHOT.

Surgen nuevas ideas para incentivar la llegada de viajeros, como las puestas en marcha durante el periodo de aplicación de la ecotasa balear y que contemplaban, entre otras, la entrega de vales a los clientes, que podían adquirir bebidas o artículos de regalo canjeando el cheque en el propio establecimiento hotelero. Los beneficios de esta estrategia, sin embargo, no recaían en la conservación del medio ambiente, sino que más bien constituían un aliciente para el cliente, obligado a abonar cada día un importe extra sobre el precio de la estancia.

Con la intención de poner fin a esta situación, una vez derogada la ecotasa turística, el Gobierno balear puso en marcha la Fundación para el Desarrollo Sostenible de las Islas Baleares. Una iniciativa privada de la que forman parte, entre otras, entidades bancarias y cadenas hoteleras, y que sirve para impulsar la formación, sensibilización y concienciación en materia de desarrollo sostenible, medio ambiente y turismo.

Asimismo, la Fundación prevé la gestión de los recursos naturales de las islas mediante la creación de una tarjeta verde, cuyo precio oscilará entre los cinco y los diez euros y permitirá el acceso a determinados espacios en los que se reinvertirá el dinero recaudado con la venta de esta tarjeta. “La idea es enriquecer el producto”, recalca el director general de la Fundación, Pau Collado. Por este motivo, también se contempla la venta de merchandising (camisetas, gorras?) con el logotipo de la Fundación, así como la fabricación de una línea de productos que se pondría a la venta en hoteles. Todo el dinero recogido se destinaría, también en estos casos, al desarrollo del turismo sostenible.

Por otra parte, un informe elaborado por un grupo de profesores de Derecho Financiero y Tributario de diferentes universidades andaluzas señala, como una de las posibles alternativas, la participación de las comunidades autónomas en la recaudación del IVA o la posibilidad de incrementar los tributos locales. Unas medidas que, según el estudio, deberían ir acompañadas de normas complementarias como la que modificaría la participación de los municipios en los ingresos del Estado.